¿Feriado nacional?

¿Feriado nacional?

El 14 de marzo se cumplieron treinta años del golpe de estado que derrocó el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Este hecho actúa como disparador del proyecto del Presidente Kirchner de declarar feriado nacional a dicha fecha para conmemorar el inicio de tan luctuoso período.

El proyecto, hoy ley, ha generado opiniones encontradas. Entendemos por nuestra parte que el mismo se enmarca en una visión sesgada, parcial, de nuestro pasado reciente sobre la que hemos tenido oportunidad de pronunciarnos en esta columna.

No existe ningún género de duda que el gobierno militar que nos gobernó desde el 24 de marzo 1976 hasta 10 de diciembre de 1983 fue una dictadura sangrienta que conculcó sistemáticamente los derechos humanos. Salvo algunos pocos que aun quieren reivindicar tanto la necesidad del golpe de estado por el vacío de poder que caracterizó el gobierno de “Isabel” Perón, como las acciones desarrolladas por las sucesivas Juntas Militares como una lucha contra el “comunismo apátrida”, existe un estado de conciencia generalizado tanto sobre cómo se desarrolló el accionar de ése gobierno como el juicio de valor que el mismo nos merece.

La visión histórica que nos propone el Presidente Kirchner, que no es propia de él sino que es compartida por sus mentores espirituales, supone al par de condenar los desafueros de Videla & Co, reivindicar el accionar de las organizaciones guerrilleras, no haciendo respecto de éstas ninguna crítica seria. El silencio sobre el comportamiento de Montoneros, ERP y demás grupos que decidieron emprender la lucha armada como método para tomar el poder supone, tácita pero claramente, justificar dichas luchas.

Cuando quienes así piensan –y no se animan a explicitar claramente, sin ambages, su opinión- se refieren a los detenidos, torturados, desaparecidos y exilados durante la dictadura militar, lo hacen calificando a éstos de “mártires”, calificación que es toda una definición ideológica que pone de manifiesto lo que es su íntimo y verdadero sentir. Mártir es quien da la vida por la fe verdadera, lo que supone declarar tal a la ideología y mesianismo de quienes colaboraron a generar las condiciones que hicieron posible tanto el derrocamiento de un gobierno constitucional, como que luego se pretendiera justificar la sangrienta represión que se desató desde el gobierno sustituyendo el accionar la Triple A.

La ley aludida supone la pretensión de dejar consagrada una determinada visión histórica sin analizar con detenimiento cuáles fueron los comportamientos de los otros protagonistas de la historia. Los asesinatos ideológicos no comenzaron el 24 de marzo de 1976 ya que en el período precedente hubo más de 900 muertos, fruto de los enfrentamientos entre las “juventudes maravillosas” y la derecha justicialista.

La reflexión sobre lo ocurrido entre 1973 y 1976 supone, necesariamente poner en blanco sobre negro la actuación que le cupo al propio Perón y su responsabilidad tanto por haber alentado las esperanzas revolucionarias de la JP como por haber presidido un gobierno desde el cual se reprimió feroz e ilegalmente a ése sector del peronismo,; también meditar sobre su responsabilidad política por haber aceptado la fórmula Perón-Perón, a sabiendas de lo precario de su estado de salud, de la total incapacidad política de su tercer esposa y de la influencia que sobre la misma ejercía López Rega.

El hecho de que las juventudes que se encolumnaron tanto en el ERP como en Montoneros hayan sido víctimas de una represión ilegal junto a todos aquellos que eran visualizados como compañeros de ruta o que sustentaban posiciones políticas “incorrectas”, no modifica los términos de la cuestión. Lo injusto e inhumano del trato que recibieron no los transforma en mártires, ellos siguen siendo víctimas. La represión desatada por el gobierno militar no justifica históricamente las posiciones ideológicas de los reprimidos.

En realidad, como lo han señalado expresiones coincidentes que reflejan las antípodas del pensamiento político –desde Norma Morandini a Mempo Giardinelli- no hay en esta fecha nada que festejar, no hay nada equiparable históricamente al 25 de Mayo o 9 de Julio.

Lo que se quiere, en realidad, es cristalizar una determinada visión de nuestro pasado reciente, sobre el cual, como decíamos, aún hay mucho que discutir.

Esta afirmación no supone pretender equiparar el accionar de los grupos insurgentes con el accionar ilegal del estado. Se trató de comportamientos que no pueden asimilarse por cuanto tienen una gravedad abismalmente diferente. Pero aceptar ésas diferencias cualitativas y cuantitativas no supone, de ninguna manera, excusar el ilícito comportamiento de aquellos a quienes ahora se califica de mártires.

Muchos de quienes militaron o simpatizaron con tales rebeldías juveniles hoy ocupan cargos expectables. Salvo honrosas excepciones, ninguno de ellos han hecho una pública autocrítica reconociendo que su comportamiento fue criminal e históricamente injustificado. Su inserción actual a la vida civil, su renuncia a imponer su ideología por medio de la fuerza, no supone sino reconocer que tal recurso actualmente es inviable pero que estaba justificado en la década del setenta.

El Presidente no tiene derecho, de contrapelo con lo que siente gran parte de la sociedad, a imponer este tipo de decisiones. Se trata de una decisión autoritaria, que pretende imponer a la sociedad toda su propia visión de la historia.

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