Sobre el diálogo y las políticas de estado

Sobre el diálogo y las políticas de estado

El reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya, que rechazó la petición argentina de suspender las obras destinadas a la instalación de dos papeleras ubicadas sobre la margen oriental del río Uruguay, generó diversas reacciones de los gobiernos en conflicto.

El Presidente Vázquez se reunió junto con su Ministro de Relaciones Exteriores con todo el arco político uruguayo, no solo con representantes del Frente Amplio que lo llevó al poder sino también con los referentes de todos los partidos de la oposición. En dicha reunión se explicó el contenido y alcances de la reciente resolución y se dialogó sobre los cursos de acción que deberían seguirse de aquí en más para la mejor defensa de los intereses de su país. Por su parte el Presidente Kirchner, en solitario, comunicó urbi et orbi que la discusión no ha terminado y que se seguirá insistiendo en la postura inicial. Su sola preocupación es que los vecinos de Gualeguaychú vuelvan a interrumpir el tránsito internacional complicando aún más la posición argentina, razón por lo que se invitó a los representantes de los mismos que bajen a Buenos Aires para hablar con el Canciller Taiana.

Las políticas de estado son los cursos de acción que responden a los intereses permanentes del país, cuya defensa excede naturalmente los plazos del mandato de cualquier administración individual. Se trata de cuestiones que
demandan políticas a largo plazo, que, para garantizar su éxito, requieren que trasciendan el mandato de cualquier gobernante. Ellas no pueden quedar sujetas a las opiniones particulares de quienes transitoriamente tienen la responsabilidad de defender los mismos. Su trascendencia requiere que, tanto en la determinación de los objetivos posibles y como en la adopción de las políticas concretas conducentes a alcanzar tales metas, se escuchen las opiniones de quienes son, circunstancialmente, la oposición pues es muy posible que ellos tengan en el futuro que encarar la continuidad de tales políticas. Las cuestiones coyunturales sí son susceptibles de ser encaradas conforme el criterio de la administración durante cuyo mandato se manifiestan, la que responderá oportunamente sobre la eficacia de su gestión.

A diferencia del gobierno uruguayo, que sabe diferenciar la naturaleza de unas y otras cuestiones, que se abre al diálogo con los opositores para buscar consenso sin declinar su responsabilidad por las gestiones que deba hacer durante su mandato presidencial, el Presidente Kirchner no busca consensos, no se abre al diálogo, aborda el diseño de estrategias y tácticas con un grupo reducido de colaboradores que no tienen margen para disentir, ya que el rol que se les adjudica es más bien el de ejecutores de las decisiones presidenciales.

Con sus partidarios y adherentes a la transversalidad solo admite un tipo de relación: la sumisión a las decisiones presidenciales, sin disonancias, bajo pena de su expulsión del paraíso del poder, de quedar ubicados en un limbo político por un término incierto que depende de la voluntad de quien los expulsó.

La relación de la actual administración con los partidos políticos que conforman la oposición es inexistente. Tampoco la tiene con el Partido Justicialista, que se encuentra acéfalo. Respecto de las individualidades que militan en dichas fuerzas, sólo tienen dos opciones: sumarse al transversalismo promovido por el Presidente y seguir sin posibilidad de disenso los cursos de acción que él fije, o ser objeto de diatribas y descalificaciones, tanto por lo que hicieron en el pasado o como por el rol de cumplieron en algún momento las agrupaciones políticas en las que militan o militaron alguna vez.

Es más, no sólo no hay diálogos destinados a diseñar las políticas de estado sino que en la discusión sobre las mismas tanto el Presidente y la Primera Dama, como sus coroneles más aguerridos (Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Carlos Kunkel), no rebaten las objeciones de la oposición. A quienes osan disentir se los descalifica personalmente.

Huber Schleichert en su obra “Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón” analiza el argumento tu-quoque, que consiste en atribuir al adversario comportamientos similares a los que él critica, tratando con ello de descalificarlo moralmente, pero sin rebatir sus ideas. La argumentación de este tipo gira alrededor de la idea de que habiendo el contrario incurrido en el pasado en un comportamiento similar, él no tiene derecho a hacer ningún tipo de reproches. Lo cierto es que, como también lo señala Schleichert, “de la carencia de justificación moral para plantear un reproche no se sigue su falsedad”.

Este tipo de argumentación se utiliza reiteradamente por la actual administración para eludir el debate serio sobre cuestiones de gran trascendencia institucional como lo fueron y son la reforma del Consejo de la Magistratura, la autorización al Ejecutivo de crear cargos en la facturación de electricidad y gas sin imputación específica de los fondos recaudados por ese concepto, la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia o la delegación permanente de facultades de modificar la asignación presupuestaria.

Recientemente se ha incorporado, por decisión presidencial, a la prensa dentro del arco político opositor, imputándosele a los medios no-complacientes con la política gubernamental comportamientos irregulares en el pasado o la defensa de intereses corporativos.

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.