¡No me corran por la izquierda!

¡No me corran por la izquierda!

“El movimiento, a diferencia del partido político, cobija a una amplia heterogeneidad de corrientes ideológicas en su seno, otorgándole a su líder la facultad de correrse –de acuerdo a los vaivenes electorales– hacia un lado u otro del universo. De ese modo, el movimiento siempre permanece en el poder, transformándose en el eje de la vida política y restándole sentido a la alternancia de partidos en el ejercicio del gobierno”.
(Ricardo López Gottig)

En el tema que quiero desarrollar -el de la administración de los conflictos dentro de un régimen democrático- se impone necesariamente contextualizar los hechos del pasado con lo que hoy estamos viviendo para poder encontrar una explicación a determinados comportamientos que de otra manera son irracionales e ininteligibles. Su extensión hace imposible hacerlo en el espacio de una sola columna, por lo que en ésta, la primera, nos limitamos a un breve relevamiento de nuestra experiencia democrática.

Esa contextualización es necesaria porque en nuestro país -hay excepciones, pocas, para mi gusto- los que se autocalifican “de izquierda”, se promocionan como “progresistas” o pretenden que sus concepciones son “revolucionarias”, no tienen auténticas convicciones democráticas. Además, en las épocas en que  intentamos convivir bajo esas reglas se suelen limitar a utilizarlas para alcanzar el poder y, llegados a éste transforman sus gobiernos en democracias hegemónicas o, como bien las describía Guillermo O´Donnell, en democracias delegativas con fuertes derivas autoritarias para perpetuarse en el poder.

Años tuvimos en los que debimos conformarnos con las democracias posibles. En suma y en relación al tema, pareciera que a los argentinos nos cuesta aceptar el “otro”, al que no piensa como nosotros, como también arbitrar los conflictos a través del diálogo o actuar en todo momento dentro de los ámbitos fijados por la ley. Impera el principio de “suma cero”.

Allá lejos en el tiempo los radicales yrigoyenistas se identificaban con “la causa”  en su lucha contra “el régimen falaz y descreído”, descalificando también a quienes, siendo radicales, se oponían al personalismo del “Peludo” y tenían como referente a Marcelo T. de Alvear, motejándolos peyorativamente de “galeritas”. Eran tan movimientistas como después lo fueron los peronistas.

Incapaces sus antagonistas de constituir un partido conservador que fuese alternativa democrática de gobierno, optaron por un golpe de estado de ideología nacional-fascista en septiembre de 1930 para volver al poder. Pero al no destruir con él la capacidad de movilización política de los radicales ni lograr que éstos cambiaran su liderazgo, desengañados del gobierno de “von Pepe”, optaron por volver al régimen electoral para la renovación gubernamental, pero mediante elecciones amañadas. Tal cuadro de situación se mantuvo hasta junio de 1943, que un nuevo golpe militar -de clara impronta nacionalista y fascista- impidió una tercera renovación gubernamental pautada de aquella manera.

El heredero político del régimen militar fue Juan Domingo Perón, que ganó las elecciones de 1946, y las sucesivas de 1949 (elección de constituyentes), de 1951 (renovación presidencial), de 1954 (elección de un nuevo Vicepresidente por fallecimiento de Juan Hortensio Quijano) y todas  las intermedias destinadas a la renovación parlamentaria. De fuerte legitimidad de origen, su gobierno se caracterizó por su concepción integrista y organicista y su clara deriva autoritaria, que lo llevó a considerar a los opositores como enemigos de la Nación, calificándolos de  “cipayos” y “vendepatrias”, al tiempo que identificaba a su propio movimiento  con el “Pueblo” y la “Patria”. Alguno de sus opositores calificó a las huestes peronistas de “aluvión  zoológico” lo que muestra el clima de época. La concepción orgánica del Estado justicialista no dejó espacio a los disidentes y los conflictos se debían resolver conforme a su concepción holística, o sea sometiendo la parte al todo, que se identificaba con Perón. Muestra de ello es que la Constitución de 1949, que repartió derechos a manos llenas, no reconocía a los trabajadores el derecho de huelga y los gremios actuaban de hecho como extensiones del Estado, cuyos intereses y estrategias debían trasmitir y hacer cumplir a/y por los trabajadores. No actuaban como representantes autónomos de un sector social en conflicto con otro sector ni se consideraban una herramienta para dirimir tales conflictos económicos, pues su esencia era ser la “columna vertebral” del movimiento que pretendía aglutinar la totalidad del espacio político, social, cultural e institucional del país. Como resultado de su concepción organicista e integrista fue inevitable el choque especular con la Iglesia Católica, a la que querían peronista y funcional al proyecto justicialista, tal como la misma -tan  organicista, integrista y holística como el peronismo- quería a éste bajo su propia órbita como una herramienta para hacer realidad el mito del Estado Católico. Tal conflicto arrastró a las Fuerzas Armadas, fuertemente influenciadas por la Iglesia.

El gobierno de Juan D. Perón fue derrocado por la denominada REVOLUCION LIBERTADORA (1955), que abrió un ciclo histórico caracterizado por la tutela del poder militar sobre la civilidad, el que se extendió hasta el retorno del peronismo al poder con Héctor Cámpora en 1973. Durante 18 años, en los que se excluyó al peronismo de la vida política formal, los militares antiperonistas sino gobernaron directamente (1955/58, 1962/73), condicionaron la gestión de gobiernos civiles elegidos en elecciones en las que se excluyó al peronismo (1958/62, Arturo Frondizi, y 1963/66, Arturo Illia), gobiernos a los que terminaron derrocando. La exclusión del peronismo de la vida política formal no solo afectó la calidad democrática de los dos gobiernos civiles del período sino también,  en el marco de la lucha por volver al poder, determinó que Perón asociara a su proyecto de retorno a sectores que se fueron radicalizando conforme evolucionaba la guerra fría entre EE.UU. y la U.R.S.S., en particular por la influencia de la Revolución Cubana (1959) que fue visualizada por esos nuevos militantes –que mayoritariamente no proveían de sus propias filas- como una epopeya independentista y redentora, sin advertir que, por su ideología y su dependencia política y económica del gobierno moscovita, el castrismo operaba vicariamente en Sudamérica conforme los intereses geopolíticos de sus valedores soviéticos.

Los gobiernos civiles de Cámpora-Perón-Isabel (1973/76) quedaron condicionados por la lucha entre Perón y quienes querían heredar el manejo del movimiento peronista, trasladando esa puja del seno de éste al propio Estado. Perón removió en 49 días a su delegado personal porque había dejado copar el gobierno por aquellos a quienes él durante su exilio había calificado de “juventud maravillosa” y denominado “sus formaciones especiales”. Éstos tenían su propio proyecto político en línea con quien era su real mentor ideológico, Fidel Castro, y no estaban dispuestos a ceder lo que entendían haber conquistado durante la lucha contra la dictadura militar que precedió al triunfo de Cámpora. Perón lo hizo renunciar, designó al yerno de su mucamo como Presidente Provisional, desmontó antes de morir -1° de julio de 1974- la infiltración setentista en los gobiernos provinciales y comenzó la represión despiadada de quienes habían operado como sus fuerzas de choque. Por egoísmo y por influencia de su entorno familiar, instituyó como su heredera política a Isabel -aunque había afirmado “Mi único heredero es el Pueblo”- que manifiestamente era incapaz para afrontar el reto que suponía reencausar el país en un rumbo democrático. El resultado fue el esperable, ya que hasta su derrocamiento en marzo/76, las fuerzas armadas fueron readquiriendo su rol protagónico y obtuvieron del poder civil la autorización para “aniquilar”  la subversión que operaba en el monte tucumano, cosa que hicieron al pie de la letra. Continuaron allí lo que el gobierno había comenzado con la TRIPLE A en zonas urbanas. Gran parte de los argentinos, peronistas incluidos, suspiraron aliviados cuando depusieron a Isabel, prefiriendo el regreso de los militares a que ésta continuase gobernando pues, por el apellido que portaba, quienes podían removerla por vías institucionales, no se animaban a hacerlo.

Del triste período 1976/83 sólo digamos que los militares, que gobernaron a sangre y fuego, aniquilaron a quienes identificaron como ideológicamente subversivos y que sólo dejaron el poder por no poder más sostenerse en él, tanto por la derrota de Malvinas como por la caótica situación  económica en que nos habían colocado. Sólo atinaron a intentar cubrir su retirada con una ley de impunidad, que muchos civiles estuvieron de acuerdo en sostener después de las elecciones. No hubo una “democracia recobrada” como fruto de una resistencia civil y aquellos persistieron  durante años después de 1983 en su idea de mantener el tutelaje sobre la civilidad.

Alfonsín debió enfrentar el desafío de conservar y profundizar la democracia, dimensionar la magnitud de la tragedia vivida y juzgar a todos los responsables de los sangrientos enfrentamientos del período precedente al mismo tiempo de gestionar la crisis económica heredada. El tránsito fue difícil pues tuvo una oposición despiadada, hubo avances y fracasos, pero se mantuvo la vigencia del régimen democrático y aun sin poder terminar formalmente su período presidencial pudo entregar el bastón del mando a otro presidente elegido democráticamente, lo que no ocurría desde 1928, pues Perón se lo entregó a sí mismo en 1952.

Desde entonces las transiciones gubernamentales fueron consecuencia de elecciones libres o por aplicación de mecanismos institucionales, sucediéndose en el Sillón de Rivadavia: Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por vía electoral, con el interregno de quienes lo hicieron interinamente conforme las pautas constitucionales durante la crisis de 2001: Adolfo Rodríguez Saá, Ramón Puerta, Eduardo Caamaño y Eduardo Duhalde.  Tanto Menem como Kirchner y Fernández implementaron en los hechos democracias delegativas, durante cuyos mandatos ejercitaron las amplísimas facultades presidenciales mucho más allá del máximo admitido por la división de poderes, habiendo colonizado los poderes legislativo y judicial y transformado el federalismo en una ficción. Las derivas  autoritarias y la corrupción sistémica caracterizaron a esos cinco períodos de gobiernos justicialistas.

(Continuará)

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.