Sobre los hechos y el relato

Sobre los hechos y el relato

“Siento mucho odio […] Yo le creo a mi gente que dice que ellos cruzaron el río y Santiago no alcanzó a cruzarlo y lo agarraron los gendarmes. Hay cosas que van a salir a la luz, no se puede tolerar “tanta injusticia” […] La sangre derramada no debe ser negociada jamás. Tiene que haber venganza de los sectores populares, del pueblo organizado y movilizado, de los compañeros de Santiago […] Santiago fue un encapuchado. Le agradezco de todo corazón al compañero porque él estuvo presente. Fue uno de los que reventó los vidrios del juzgado de Esquel […] No tengan dudas que si yo estuviera libre, estaría en las barricadas tirando bombas molotov, estaría atacando los símbolos del capitalismo contra los que Santiago combatió, por los reprimidos, por los pobres […] Santiago tenía muchos valores humanos. Era una persona muy alegre y muy respetuosa. Puso el pecho junto a nosotros. Ojalá que la juventud sea como Santiago”.

Declaraciones a radio La Imposible de Jones Huala, líder de la comunidad Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) levantada por Diario Perfil.

Hace seis semanas me referí en este espacio a  la manipulación política de un episodio que todavía está en curso de investigación, tal la muerte de Santiago Maldonado (Columna778// ¿Educación o adoctrinamiento?). Hoy sabemos más que entonces, pero aún no lo sabemos todo.

Sí sabemos con certeza:

  • Que Santiago Maldonado está muerto;
  • Que su cadáver, examinado con todas las garantías judiciales y conforme protocolos internacionales (Minnesota), no presenta marcas o lesiones externas que evidencien haber sufrido alguna agresión;
  • Que el cadáver, que fue encontrado flotando en el río Chubut, habría estado en el agua entre 60 u 80 días, o sea desde que participó en un enfrentamiento entre fuerzas de la Gendarmería Nacional y un grupo conformado por mapuches y personas que apoyan políticamente los reclamos de quienes dicen representar esa etnia. Esa zona del no habría sido rastrillada con anterioridad.

Resta determinar aún:

  • La causa de la muerte no traumática (asfixia, ahogamiento, paro cardíaco a consecuencia de la exposición al frío)
  • Si el lugar en donde ésta ocurrió fue en donde se encontró el cuerpo. Un diario de la zona ya a mediados de septiembre pasado había afirmado que el cuerpo de Maldonado estaba en el río, a unos 400m del lugar de los enfrentamientos, desconociéndose  su se trató de un dato filtrado desde la propia Gendarmería que,  según dicen, tenía infiltrados agentes encubiertos entre los mapuches.

También sabemos con certeza:

  • Que la reacción de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, conocida que fue la desaparición de Santiago Maldonado -contemporáneamente con el desalojo de la Ruta 40 por Gendarmería- fue políticamente inadecuada y posibilitó se generaran dudas sobre si había o no relación entre el accionar de los gendarmes y aquella desaparición.

Así lo interpretamos porque, más allá de tener confianza en el accionar de esa fuerza de seguridad que es esencial en la lucha contra el narcotráfico, si se hubiese tomado inmediatamente distancia institucional de los hechos y dispuesto su desvinculación con la búsqueda de quien se denunciaba como desaparecido forzoso, se habría impedido se atribuyese al gobierno el ocultamiento de la desaparición forzada de persona, o sea de un delito de lesa humanidad.

  • El gobierno también carece de olfato político para detectar algunas cuestiones políticas potencialmente conflictivas y no dimensionó – tampoco en éste caso- la tormenta que se le venía encima, permitiendo con su inacción que se posibilitara la imputación de asociarlo como encubridor de la desaparición de Maldonado.
  • El Juez Otranto -que tuvo a su cargo el primer tramo de la investigación- caratuló, sin elementos de juicio suficientes, los hechos investigados como “desaparición forzada de persona”; demoró inexplicablemente medidas de prueba que debieron ordenarse y realizarse de inmediato si lo que se iba a investigar era una posible relación entre la desaparición y el accionar de la Gendarmería. Además no concretó ninguna actividad judicial investigativa dentro del área que los mapuches califican de “sagrada” (¿?).

El resultado de ese accionar fue que se lo separó de la causa, tanto por inoperante como para aliviar la enorme presión política de quienes reclamaban el esclarecimiento del caso.

Causa asombro la actitud de Magistrados que actúan como si la zona de búsqueda estuviese protegida por un estatuto de extraterritorialidad, como si no fuera argentina. Aunque la comunidad mapuche que allí vive la considerase “sagrada” -por las razones que fuesen-, con el debido respeto de su identidad cultural, sus costumbres y creencias, evitando con firmeza violencias o vejámenes innecesarios, podían –y debían- haberse concretado en ella las medidas investigativas  necesarias para el esclarecimiento de los hechos supuestamente acontecidos. Estaba en juego la credibilidad no sólo del Poder Judicial sino del propio gobierno nacional.

Además de estas certezas se han generado dudas pendientes de esclarecimiento:

  • Que la ubicación del cadáver fuese denunciada en actuaciones extrajudiciales labradas por una ONG, remitidas a la CIDH pero no incorporadas a las actuaciones cumplidas por la justicia federal, en las que un testigo -identificado como “E” (¿?) habría dicho que él había cruzado el río Chubut adelante de Maldonado y que vio que lo detuvo la Gendarmería y que se lo llevó, y luego se habría rectificado señalando que este último hecho no ocurrió y que declaró lo contrario por presiones que recibió de la comunidad a la que pertenece. Ahora estaría escondido por miedo a las represalias. El actual Juez señala que ese testimonio no fue incorporado a la causa y que no se lo tuvo en cuenta para ubicar el cuerpo en el río.
  • ¿Sabía la comunidad mapuche que el cuerpo de Maldonado estaba en el río o sólo lo conocían algunos de sus miembros? ¿Lo supieron desde siempre y recién lo comunicaron cuando parte de su dirigencia –la más combativa- se trasladó clandestinamente a Chile?
  • Trascendió que Gendarmería tendría agentes infiltrados en el territorio mapuche. Si es cierto ¿sabían éstos que el cuerpo de Maldonado estaba flotando en el río Chubut?

Queda claro con lo que ya sabemos:

  • Que los enfrentamientos generados por el comportamiento de la comunidad mapuche que vive en la zona de los hechos responde a una estrategia mucho más amplia, articulada desde el exterior.
  • Que ha habido un aprovechamiento político malicioso del episodio humanamente lamentable de la muerte de Santiago Maldonado. El aprovechamiento fue hecho tanto por los sectores relacionados directamente por el conflicto como por otros colectivos enfrentados con la actual administración
  • Que aquél era algo más que un joven trotamundos, rebelde e inconformista que se vio envuelto en una protesta social. La participación en ella de Maldonado no fue ocasional. La declaración de Jones Huala, auto titulado Líder del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), hoy detenido a la espera que se resuelva el pedido de su extradición a Chile para responder por delitos comunes que se le imputan, pone las cosas en su debido lugar. Él era un militante activo de esa organización que, por tener fines ilegales, es pura y simplemente una asociación ilícita.
  • Ésta última afirmación no habilita que Maldonado pudiera ser desaparecido por el Estado, sí explica la utilización inescrupulosa del episodio por la banda que integra. Porque el RAM es eso, una banda criminal, no una ONG que lucha desinteresadamente en defensa de los derechos de las poblaciones mapuches.
  • Que algunos de los que se sumaron maliciosamente a los reclamos de aparición con vida de Santiago de Maldonado simplemente lo hicieron para cargarle un muerto a una fuerza política con la que se encuentran enfrentados visceralmente porque los desplazó del poder que ejercían omnímodamente y los desapoderó de las prebendas irregulares de las que se aprovechaban. Bastardearon un reclamo que otros muchos hicieron de buena fe, creyendo que los hechos no habían sido como ahora se sabe fueron, porque en un país democrático como el que queremos para vivir es inadmisible que desaparezca una persona, que se atribuya esa desaparición al accionar estatal y que no se den respuestas suficientes de lo acontecido.

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