La persecución. Un nuevo relato

La persecución. Un nuevo relato

“Los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal […]  mantienen relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso”
(Sala II, Cámara Federal de Bs.As., causa “DE VIDO”)

“Casi el 80% de los encuestados cree que es necesaria una reforma en la Justicia y aquí hay consenso entre quienes apoyan y quienes no apoyan al gobierno. Sólo el 12% cree que esta reforma no es necesaria”
(Management & Fit)

Todo es igual, nada es mejor […]   el que no llora no mama y el que no afana es un gil”.
(Cambalache – Enrique Santos Discépolo  // 1934)

La sorpresiva orden de detención del ex vicepresidente Amado Boudou y de su amigo, socio y cómplice José María Núñez Carmona,  por imputárseles ser supuestos autores de asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito,  pedida por el fiscal  Jorge Di Lello y ordenada por el juez Ariel Lijo, generaron estas reflexiones sobre el porqué ahora ocurren éstos hechos y cuáles son las razones en que se funda la decisión judicial de dictar su prisión preventiva a partir del mismo momento en que terminaron  sus declaraciones indagatorias.

Quienes pretenden que su actividad de observadores de la realidad  no se encuentre  -en la medida de que ello sea posible- teñida de prejuicios que deformen los hechos observados, suelen preventivamente adoptar una actitud escéptica o desconfiada cuando el conocimiento de lo sucedido no les llega directamente por su propia observación sino indirectamente a través de algún medio de comunicación social.

Viene a cuento -para explicar dicha  cautela- el recuerdo de Funes, el memorioso, -personaje de ficción creado por Jorge Luis Borges, quien, afirmaba éste en su relato, se acordaba de todo lo que le había sucedido hasta en el más mínimo detalle- pues es imposible reeditar esa precisión al narrar lo sucedido en un artículo periodístico pues su autor utiliza sólo aquellos datos puntuales que estima suficientes para que su descripción sea fiel a su propia visión. No se nos escapa que el solo hecho de elegir unos datos de la realidad y desechar otros, implica ya una opinión subjetiva que condiciona la objetividad de la descripción, que se transforma en un punto de vista del narrador. La limitación del espacio disponible impone otros condicionantes, porque obliga a veces a dejar de lado las circunstancias que hacen a la contextualización de los hechos narrados, que son las que abren la posibilidad de darle a los mismos otro(s) sentido(s) diferentes. Al realizar nuestro comentario debemos también evitar caer en la trampa de la posverdad o sea  narrar los hechos tal como realmente fueron y no como quisiéramos o nos conviene que hayan sido.

Éstas  disquisiciones no versan sobre la real existencia de los hechos que se investigan desde el  año 2012 en el Juzgado a cargo del juez Lijo y la participación en ellos de los ahora imputados pues en el estado actual de la causa creo que puede afirmarse sin riesgo de equivocarnos, que el grado de certeza  alcanzado por la investigación permite conjeturar que ellos son probables y que, por ello,  corresponde imputar tales delitos a los investigados y darles la posibilidad de ejercer plenamente su defensa en tal condición. La certeza sobre su culpabilidad se obtendrá recién con la sentencia que ponga fin al  proceso.

Hay dos circunstancias que no pueden dejarse de  ponderar: Por un lado, una  investigación que se extiende a lo largo de más de cinco años durante la cual no parecen haber tenido apuro en dilucidar  rápidamente los hechos investigados ni el fiscal Jorge Di Lello ni el juez Ariel Lijo; y por otro, la radicación de denuncias ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en contra de varios jueces federales -entre ellos Ariel Lijo- precisamente por la demora en investigar causas relacionados con la corrupción estatal. A éstas circunstancia se suma la del acelerado trámite que se le ha dado en el Consejo de la Magistratura a la acusación en contra del Camarista Federal Eduardo Freiler – actualmente suspendido de su cargo- por mal desempeño, acusación agravada por la atribución de un enriquecimiento patrimonial  inexplicable.

Ésa suma de circunstancias son las invocadas por el ex Vicepresidente para recusar al Magistrado imputándole falta de objetividad y de imparcialidad. Desde el Tribunal se explica el paso de cinco años hasta la formalización de la imputación y detención de los acusados, por la reticencia del propio Estado en contestar los requerimientos judiciales –entre los que se cuentan los dos años que insumió la prueba pericial contable entregada hace poco más de un mes-, y las articulaciones dilatorias de los defensores designados por los ahora imputados.

Para completar el cuadro debe sumarse una decisión de la Sala II de la Cámara Federal  en el caso “De Vido”, que abre la posibilidad de detención del acusado durante el proceso cuando exista posibilidad de que el mismo obstruya o dificulte la actividad investigativa, bastando para ordenarla el solo peligro de que así ocurra a la luz de las relaciones que el mismo tenga o haya tenido en el pasado por las funciones desempeñadas. Este giro jurisprudencial y aquella pericia contable le ha permitido al juez Lijo mostrar una vocación y contundencia investigativa no evidenciada en el quinquenio precedente.

Dice Osvaldo Pepe, lo que es lamentablemente cierto, que “La justicia no se venga ni perdona,  juzga, pero baila al son de la política”. O, dicho de otra manera, recurriendo  a la sabiduría popular castellana: “Cuando las barbas del vecino veas rasurar, pon las tuyas a remojar” –que algunos citan afirmando que “no velar es summo desatino, viendo pelar las barvas del vezino”-,  dichos que se remontan por lo menos al siglo XV.

En cualquiera de sus versiones, parece  haber sido tomado en cuenta por Ariel Lijo para acelerar el trámite procesal convencido de la sabiduría de las experiencias ancestrales que los originaron, como también de otros saberes como el que se plasma en la afirmación “Escarmentar en cabeza ajena, es lección barata y  buena”.

La imputación de Boudou a Lijo, basada en la concomitancia de su detención con las denuncias contra el Magistrado es, aunque sea cierta, una defensa ad hominem, o sea una argumentación que intenta desviar la cuestión del tema central en discusión mediante la descalificación personal de quien ordenó su prisión preventiva y, además, denegó su excarcelación, atribuyéndole tener una motivación oculta e ilegítima.  Más allá de la conjetura sobre si lo que hizo “ahora” tuvo ése fundamento, ella no afecta la decisión tomada, pues eso era lo que debía hacer ante el cúmulo probatorio que ha trascendido que hay en el expediente y el riesgo de que se obstruya la investigación.

La tarea de reconstruir el buen nombre del Poder Judicial y la recuperar la confianza ciudadana en su accionar pasa necesariamente por el estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso que supone jueces capaces e independientes y el estricto cumplimiento de las reglas procesales. No hay atajos que permitan hacer justicia por otras vías.

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