La verdad, aunque duela

La verdad, aunque duela

“La verdad y la calidad importan porque es la única manera de luchar contra la información falsa. Este proceso restaura necesariamente la relación entre el público y la prensa que, como un médico a su paciente, al revés de un curandero, señala lo que realmente importa a despecho de lo que el individuo pretenda escuchar. El conocimiento y la experiencia es lo que debería hacer prevalecer lo importante sobre el barullo efectista […]  Sin diversidad de miradas y con el atajo del conformismo, la verdad sino desaparece ciertamente pierde importancia”.
(Marcelo Cantelmi)

“El sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino la gente para la cual la distinción entre la realidad y la ficción (es decir la realidad de la experiencia) y la distinción entre la verdad y la falsedad (es decir los estándares de pensamiento) ya no existen”.
(Hannah Arendt).

Hay una población que no tiene que ver con nuestra lucha pero que no quiere estar viviendo al lado de semejante monstruo”
(Estela de Carlotto) 

Una de las paradojas de la realidad argentina es que muchas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos no son propiamente tales porque en realidad no defienden los derechos humanos de todos sino sólo los de algunos, de aquellos que integran su propio colectivo o del que ellas dicen representar.  Ignoran o niegan los derechos humanos de los demás. Siendo por definición derechos que todos tienen por el solo hecho de ser persona humana, que no se adquieren por méritos propios ni se pierden jamás bajo ninguna circunstancia, pretender, como pretenden, que sólo algunos los tienen y negárselos a los demás es un verdadero oxímoron.  La praxis de aquellas ONG nos muestra que varias de ellas se han especializado en reclamos específicos relacionados con determinados temas y sectores de la sociedad, ganando con ello eficacia en su accionar pero, precisamente a causa de tal especialización, han perdido la visión global relacionada con tales derechos, tal la antes señalada de que no son propios de algunos sino de todo el género humano, que su existencia no depende de las calidades personales de  cada uno.

La historia de esas organizaciones nos muestra que muchas de ellas  -fundamentalmente después de 1983 y con particular intensidad desde los primeros años de éste siglo- se sometieron a los condicionamientos ideológicos de muchos de sus integrantes, a lo que se adicionó su partidización, transformándose de ahí en  más en una parte de una estructura de poder, con la consecuencia inevitable de subordinar la defensa de lo que decían defender –los DDHH- a las necesidades contingentes de un partido político. Del reclamo originario de aparición con vida de los desaparecidos al posterior de Verdad y Justicia, ambos relacionados directamente con los derechos humanos, pasaron a reivindicar  la praxis revolucionaria de las víctimas de la represión estatal y la ideología que la sustentaba. De igual modo la lucha por la recuperación de la identidad de los hijos de los desaparecidos, que integró aquel reclamo de Verdad y Justicia, siguió similar derrotero, aunque sin una partidización institucional tan notoria.

Charles-Olivier Carbonell, notable historiador francés fallecido en 2013,  después de señalar el origen europeo de la noción de derechos humanos y su desarrollo entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XX, apunta que el mismo pasó “por una fase crucial […] cuando la revolución bolchevique quiso enterrar los “derechos burgueses” y las “libertades formales” (UNA HISTORIA EUROPEA DE EUROPA. T. I: Mitos y fundamentos. T.2:  ¿De un renacimiento a otros?), pretendiéndose  someter los derechos individuales  de cada uno a las necesidades estratégicas de una revolución social y política, necesidades definidas históricamente por un estado totalitario dirigido por una vanguardia de iluminados –en realidad por un déspota sangriento durante décadas- que definía métodos y objetivos ante los cuales aquellos derechos eran sacrificados sin piedad conforme el principio de que “El ciudadano debe desaparecer ante el Estado todopoderoso y el pueblo soberado  ante un líder que exige de los súbditos cosificados una fe y una fidelidad absolutas” (ídem).

Gran parte de la izquierda marxista o populista latinoamericana es aún hoy deudora de ese pensamiento que fracturó el desarrollo de los derechos humanos en siglo XX, abrevando en tales ideas e ideales a través del trotskismo y del castrismo, en los que siguen creyendo a pie juntillas a pesar del estrepitoso fracaso de los modelos de los que son deudores, modelos que aspiran reeditar aprovechando las debilidades o falencias de nuestras democracias latinoamericanas.  En similares fuentes abrevan algunos de los dirigentes de las ONG relacionadas con la defensa de los derechos humanos, lo que explica algunas de sus posturas.

Carl Von Clausewitz,  teórico de la ciencia militar moderna, señalaba (DE LA GUERRA) que “la guerra es la continuación política  por otros medios” pues para él la guerra moderna es un acto político. De tal postulado, algunos –en especial aquellos a los que nos referimos en el párrafo anterior- han hecho una lectura inversa  afirmando también que “la política es la continuación de la guerra por otros medios”. Pero, en tanto que aquel autor pensaba que  “la guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad”,  razón  por la que no extendía a la violencia como elemento típico del accionar político como sí lo hace el sector ideológico al que nos referimos, pues para éste guerra y política son etapas de un mismo accionar revolucionario, por lo que es también admisible el uso de la violencia como parte de la acción política pues entienden que ella es la “partera de la historia” conforme  les enseñaba Lenin.

Su tardío castro-marxismo-trotskismo-guevarismo no renuncia al uso de la violencia como herramienta de la historia y pretende justificar su uso aún después de  la instalación de democracias liberales, por aquello de que “la violencia de los de arriba justifica la violencia de los de abajo”,  máxima que toman de Franz Fannon (LOS CONDENADOS DE LA TIERRA). Éste afirmaba que  toda colonización es violenta y que en ella una fracción de la humanidad pierde su libertad y es tratada como un  objeto, es cosificada, perdiendo derechos, dignidad y tradición cultural. Para Fannon la “cosa” colonizada se convierte nuevamente en “hombre”  enfrentando la violencia colonial mediante el uso de otra violencia que le haga frente. El colonialismo no razona, dice, es la violencia en estado natural y sólo puede inclinarse ante una violencia mayor del colonizado que demuestra así su libertad mental: “En el plano de los individuos la violencia desintoxica. Libra al colonizado de su complejo de inferioridad, de sus actitudes contemplativas o desesperadas”. La imposibilidad lógica y política de extrapolar la justificación de la violencia anticolonial resulta  no sólo de que en Latinoamérica no hay una situación colonial que remover como en el África de Fannon, sino porque además  imperan en nuestros países regímenes democráticos que posibilitan discutir e implementar cambios sociales destinados a construir relaciones más justas, lo que era imposible en aquel lugar y tiempo. En suma, porque nuestras democracias sí razonan. Sólo la percepción ideologizada de la realidad actual impide advertir  las abismales diferencias entre una y otra situación histórica y actuar como si esto fuera aquello.

La visión sesgada de los derechos humanos que  señalamos más arriba ha vuelto a quedar en evidencia por las reacciones que generaron las decisiones de la CSJN respecto de la aplicación del “2×1”y del Tribunal Oral Federal n° 6, ésta en relación al beneficio de la prisión domiciliaria del represor  Miguel Etchecolatz, ya condenado a cuatro reclusiones perpetua por delitos de lesa humanidad  cometidos por él, que incluyen torturas y desaparición de personas, decisión que los críticos descalifican por la naturaleza de los delitos por los que fue condenado y el silencio guardado respecto del destino de los desaparecidos en el área de su participación criminal. O con el banal argumento de Estela de Carlotto que citamos al comienzo.

Quienes siguen  estas reflexiones semanales saben que jamás justifiqué el gobierno militar autodenominado “Proceso de Reconstrucción Nacional” y menos aún sus métodos represivos, considerando tanto la investigación de la CONADEP que plasmó el “NUNCA MÁS” como el juicio de juicio a las diversas juntas militares que se fueron sucediendo a partir de 1976, como fundacionales de  nuestra democracia. Argentina, con avances y retrocesos, eligió seguir el camino de la búsqueda de  VERDAD y JUSTICIA mediante el castigo judicial de los culpables del accionar estatal violatorio de los derechos humanos. Otros países, como Uruguay, Sudáfrica y Colombia,  buscaron superar sus pasados por otras vías. Aquí los indultos menemistas y las necesidades  políticas cerraron la posibilidad de investigar administrativa y judicialmente  la totalidad de los hechos violentos que caracterizaron nuestra historia desde 1973 en adelante. Quedaron excluidos no sólo el accionar de las organizaciones armadas antes y después del derrocamiento del gobierno constitucional sino también el propio accionar del ejército en el marco del denominado Operativo Independencia y el de los grupos para estatales organizados desde el  Ministerio de Bienestar Social antes del  golpe de Estado, con el conocimiento y aprobación de quienes constitucionalmente presidían la república desde aquel año. No hay, en suma, en estas reflexiones el ánimo de reivindicar aquella represión o a los represores sino única y exclusivamente la pretensión de que se aplique la ley, toda la ley y a todos, sin exclusiones ideológicas. Los jueces en nuestro sistema republicano de gobierno, y ello es una garantía esencial, no pueden dejar de aplicar la ley, en particular la ley de leyes, la Constitución y los pactos internacionales que la integran en materia de DD.HH.  Debemos sí señalar que  ni Etchecolatz ni el resto de los represores han sido condenados a sufrir los mismos tormentos que ellos aplicaron sistemáticamente, no fueron condenados a vivir el resto de su vida en el Infierno imaginado por Dante. Comprendo a las víctimas y a sus allegados, pero el dolor y nuestra empatía por él no puede llevarnos a justificar que no se aplique la ley o que la prisión a la que fueron condenados se transforme por determinadas circunstancias en una vejación de la dignidad humana, porque permitirlo es aceptar la mutación del rol de justicieros en el de verdugos. Nos transformaríamos a través de ésa violencia en seres similares a tales condenados.

“La prohibición absoluta de trato inhumano o degradante que constituye uno de los valores más fundamentales de las sociedades democráticas rige incluso en las más difíciles circunstancias y con prescindencia de las características del hecho cometido por el detenido, sin admitir ninguna clase de excepción o derogación […]  toda justificación que pudiera ensayarse para sustentar alguna clase de excepción en la aplicación de este principio cuando se trate de un imputado o condenado en el marco de un proceso de lesa humanidad no podría tener favorable recepción porque carecería de todo sustento normativo” (CSJN //“Alespeiti, Felipe Jorge s/ incidente de recurso extraordinario”).

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