Sobre los límites

Sobre los límites

En la segunda de estas columnas semanales comenté el resultado de una entrevista que hice al entonces prestigioso magistrado de la Audiencia Nacional de España Baltazar Garzón, quien visitaba Córdoba para recibir un Doctorado Honoris Causa  de la UNC. En la misma, respondiendo a mis requerimientos sobre su decisión de procesar a José Barrionuevo -ex Ministerio del Interior de Felipe González (1982/89)- imputándole el quebrantamiento de normas legales en la persecución del grupo terrorista ETA, restó importancia a su decisión resaltando que los jueces deben aplicar la ley, toda la ley y a todos los ciudadanos sin distinción. En las apostillas que escribí glosando sus respuestas, señalé que según él “cuando de la defensa de los derechos humanos se trata […] es  aplicar la ley sin concesiones, a todos, sin excepciones o claudicaciones jurídicas, políticas o éticas. Esa línea de actuación es la que corresponde a un estado de derecho, en donde todos están sujetos a la ley y por ello deben responder por sus actos”. En su pensamiento -por lo menos el de ése entonces- el fin no justifica los medios y no es posible combatir el delito quebrantando a su vez la ley, aunque se trate de combatir al terrorismo, aclarando que cualquiera sea su origen o autores pues no hay terrorismo “bueno”, sólo hay “terrorismo” a secas. El método es delictual cualquiera sea la ideología que lo sustente. Con el correr del tiempo Baltazar Garzón se enamoró de su rol de justiciero “todo terreno” y, contra las posibilidades constitucionales de su país, pretendió invalidar las leyes españolas que cerraron la posibilidad de investigar el pasado franquista, obviando el hecho de que en España el control de constitucionalidad de la legislación sólo lo tiene el Tribunal Constitucional y no todos los jueces como ocurre aquí en Argentina. Terminó condenado por sus propios pares por hacer lo que no podía legalmente hacer y, expulsado de la Magistratura hispana, devino en paniaguado de algunas democracias bolivarianas, entre ellas la  nuestra, que necesitaban de una figura de su talla para enmascarar sus derivas autoritarias.

Lo que entonces sostenía Garzón es el ABC del sistema republicano y la única forma de defender la intangibilidad de los derechos  humanos. No hay vías alternativas, no son admisibles atajos  ni se admiten golpes de mano extralegales, pues las diferencias que admite en su seno una sociedad democrática deben zanjarse ineludiblemente cumpliendo las reglas establecidas. El uso de la violencia como método para obtener algo que se cree justo no queda legitimado jamás por las intenciones de quienes la practican ni por la nobleza -real o supuesta- de los fines invocados. El Estado de Derecho tiene como premisa ineludible que la vis compulsiva es un recurso exclusivo del Estado. La solidez de un sistema  de gobierno democrático depende de la rigurosidad con que se apliquen tales principios, debiéndose descartar las “razones de Estado” o las apelaciones a la “seguridad nacional” con las que se intentan justificar los desvíos. Quien se aparte de la ley incurre en un ilícito, sean los funcionarios que administran el Estado o los ciudadanos de a pie. No hay excusas válidas para no aplicar la ley. La solución del problema no pasa nunca por comerse al caníbal.  Jorge Luis Borges, en una de sus humoradas memorables, contestándole a un periodista que para molestarlo le había preguntado “¿En su país hay caníbales?” le respondió “Ya no. Nos los hemos comido a todos”, pero es sólo una respuesta inteligente a una pregunta estúpida y provocativa, no la solución al problema planteado.

El Estado de Derecho supone que el propio Estado es esclavo de la ley. Cumplirla no es una mera opción para sus funcionarios. No hay margen de discrecionalidad pues su actividad está reglada y sujeta a control administrativo y judicial y esto último es esencial. Obrar conforme a derecho es una obligación cuyo incumplimiento ineludible responsabiliza personalmente a quienes abusan de su poder  o desvían su actuación de los procedimientos y fines previamente establecidos. Hace años, allá por los sesenta, se hizo famoso por su actuación el Comisario Inspector Evaristo Meneses, jefe de Robos y Hurtos, que una revista en ese entonces –“7 Días” (31.08.65)- describía como un “Policía “duro”, personal,(que)  actuaba a su manera, confiado en su propia leyenda de “intocable” y las dos 45 que no dejaba en ningún momento. Tenaz y astuto como un perro de presa, cercaba meticulosamente a sus víctimas y luego las enfrentaba personalmente, imperturbable, frío, casi siniestro […]  Era una guerra sin cuartel en la que se tiraba con las dos manos y se moría matando. Esa guerra, como todas, tuvo sus “héroes”: Villarino, los Prieto, Langoni, el “Lacho” Pardo, hombres violentos, audaces, sin sangre, que formaban bandas expertas y bien equipadas. En el otro bando, un solo nombre enciende la mitología popular: el jefe de Robos y Hurtos Evaristo Meneses”.

Nuestra sociedad, a la problemática delincuencial de aquella época –“Asaltos, violaciones, crímenes y delitos de todo tipo desataron un veloz reguero de plomo y sangre. La lucha entre la justicia y el delito se transformó en una alternativa sin escape: matar o morir. La población, atónita, leía diariamente las crónicas rojas que hablaban de muertes a pleno sol, asaltos a mano armada, redadas, batidas y tiroteos sangrientos. Era una guerra sin cuartel en la que se tiraba con las dos manos y se moría matando” (ídem)-,  ha sumado otras manifestaciones de violencia ciudadana que pretenden auto justificarse ideológicamente.

La solución del problema no pasa por héroes individuales auto erigidos en vengadores de las víctimas, sino por fuerzas de seguridad altamente calificadas para abordar la lucha contra la delincuencia que actúa muchas veces disimulada entre ciudadanos comunes, con una praxis criminal sofisticada, una delincuencia entre la que hay que incluir al narcotráfico, la trata de personas, la corrupción estatal sistemática -que incluye, por supuesto, la complicidad policial con el delito- y la recurrencia de una forma delictual que supuestamente debió quedar eliminada por la recuperación de la democracia en 1983. Nos referimos al recurso a la violencia de quienes se erigen en representantes de los excluidos sociales y luchan contra el “Estado opresor” sin limitar su praxis al ámbito que permite un régimen republicano y democrático de gobierno, sintiéndose justificados al usar la violencia por su ideología, los fines que invocan y la violencia estatal que denuncian.

Recientemente, en el marco de manifestaciones en contra de la decisión gubernamental  de introducir reformas en diversos temas relacionados con el gasto público -que contó con la aprobación de una parte importante de la oposición- ocuparon y devastaron completamente la Plaza de los Dos Congresos utilizando para ello mazas y picos que había traído consigo, generando una masa de 15.000 kilos de escombros que tiraron sobre las fuerzas de seguridad que les impedían llegar al lugar en donde se debatía aquella reforma, cuya aprobación pretendían frustrar mediante esa revuelta callejera. Se trató de grupos organizados, que respondían a directivas y estrategias precisas y predeterminadas, que actuaron en paralelo con grupos de diputados de la oposición que intentaron repetir el tumulto dentro de la sala de sesiones. Buscaron aquellos reeditar los hechos que precedieron la renuncia de Fernando de la Rúa articulando una agresión a las fuerzas de seguridad que generara una respuesta tan ilegal como la agresión de la que eran objeto. Había que colgarle a Macri uno o más muertos para dar sustento al eslogan “Macri basura, vos sos la dictadura” y justificar la violencia desatada.

La defensa de los derechos e intereses de los jubilados sólo fue un pretexto para intentar desestabilizar a un gobierno que venía de un  contundente triunfo electoral. Esos grupos no reconocen la legitimidad de ningún gobierno que se aparte de sus premisas ideológicas, explicando lo que entienden una equivocación del pueblo –que ellos están llamados a remediar- por la influencia de los medios hegemónicos. La solución legal que se arbitraba era por lo menos opinable, habilitaba un debate enserio sobre la sustentabilidad en el tiempo del actual régimen jubilatorio, si la propuesta era la única posible o de qué modo podía  mejorarse. La violencia bajo la cual se realizó el debate silenció los pocos análisis que en ese sentido se hicieron.

La praxis de algunas de las organizaciones que propiciaron esa violencia -en la que no incurrieron la mayoría de quienes se manifestaron contra la solución legislativa que se debatía- se inspira en la misma o parecida ideología política de quienes se levantaron contra el gobierno democrático elegido en 1973. Ellos creen en “la Revolución”, que por supuesto tienen que liderar ellos  mismos como vanguardia esclarecida de los excluidos del sistema imperante.

Es necesario individualizar tanto a los militantes que participaron en el intento de impedir que uno de los poderes del Estado funcionase normalmente, a la organización y directivos que diseñaron e implementaron la estrategia y proporcionaron la logística, a quienes dentro y fuera del Congreso fueron organizadores y/o participes primarios o secundarios en aquel intento. También probar los hechos que constituyen la plataforma acusatoria a fin de que, en procesos en el que los acusados cuenten con todas las garantías de defensa se esclarezcan lo acontecido, se tipifiquen las conductas de cada cual y se aplique la ley. No se trata de criminalizar la protesta social, porque lo ocurrido  no fue una protesta sino, lisa y llanamente, un ataque contra una de las instituciones de la República. Sí, así, con Mayúscula. Tanto el gobierno como el Poder Judicial tienen la responsabilidad de que los organismos estatales actúen conforme las normas legales, impidiendo desbordes personales que en el fragor de los enfrentamientos pueden explicar,  nunca justificar, que se incurran en excesos represivos.

La ley es la misma para todos y a todos se les debe aplicar toda la ley. Sin contemplaciones. En ello se pone en juego el futuro del país. La mayoría de los argentinos no quiere repetir  un pasado cuyas secuelas no hemos sido capaces de superar. Con lo que sufrimos y lo que aún nos falta, es más que suficiente. Es hora de que aprendamos y actuemos en consecuencia.

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