¿Se animarán con los intocables?

¿Se animarán con los intocables?

Las sucesivas denuncias, detenciones y difusión de los detalles de la praxis de gremialistas-empresarios como Omar “Caballo” Suárez (Portuarios), Antonio “Pata” Medina (UOCRA-La Plata), Marcelo Balcero (SOEME), Víctor Santa María (SUTHERN), Monteros, Molina, Ríos & Co (UOCRA-Bahía Blanca), se suman nuevas denuncias contra el clan  Moyano  (padre, madre, hijos, hijastros, yernos y sobrinos //CAMIONEROS, OSCHOCA, OCA S.A.  y entramado  numerosas de empresas familiares) que reactualizan denuncias no-tramitadas hechas varios años atrás, nos ponen ante la evidencia  de enriquecimientos injustificables y obscenos de connotados dirigentes gremiales, administraciones fraudulenta, prácticas extorsivas, desvío de fondos hacia emprendimientos propios, lavado de dinero, asociaciones ilícitas y un largo etcétera más. A todo esto se le suma la evidencia de que desde hace años tanto las sucesivas camadas variopintas de dirigentes que tuvieron a su cargo la administración política del Estado, como   la corporación judicial actuando en sintonía con aquellos, no quisieron ver lo que era evidente o, lisa y llanamente, en un crudo toma y daca, facilitaron y se beneficiaron con tal estado de cosas. Dicho de otra manera, que la corrupción institucional que evidencian aquellos procesos en curso formaba parte del sistema de gobierno que terminó en 2015. Las afirmaciones de que eran gobiernos nacionales y populares, que propiciaban el crecimiento industrial con inclusión,  antiimperialistas por vocación, progresistas, eran como la fama, “puro cuento”. De lo que se trataba en realidad era saquear impunemente tanto al Estado como a quienes decían representar y defender. Los que observábamos la realidad sin anteojeras ideológicas, lo sabíamos hace tiempo.

Ahora que la historia desplaza al relato, que las instituciones que debían controlar el Estado y a las instituciones intermedias parecen salir de su larguísimo letargo, que se investigan las irregularidades que se denuncian, que la corporación judicial recuerda cuáles son sus funciones, deberes y responsabilidades, es necesario ir tras quienes se beneficiaron impúdicamente de una corrupción que no dejó rincón sin explotar.

Ante ésas realidades nos encontramos con que -amén de negarse las evidencias que quedan expuestas- invocan los acusados ser perseguidos políticos aunque nada más ajeno a tal afirmación sea la actuación de que quienes pretenden hoy haber sido los Robín Hood redivivos y ser ahora perseguidos por el maligno Sheriff por no haber hecho otra  cosa que tomar de los ricos lo que necesitaban los pobres y excluidos para repartirlos entre éstos, cuando en realidad lo apropiado se repartía entre aquellos. Presenciamos,  además, las lamentables solidaridades que cosechan entre quienes fueron los más notables militantes de la escudería de ladrones que asoló nuestro país y de los compañeros de ruta que caminaron con ellos de buena fe. Muchos, movidos por su afán de justicia social, creyeron en el relato de que quienes gobernaron entre 2003/15 eran los redentores que iban a continuar, ahora por medios políticos y no armados, la revolución derrotada por la última dictadura  militar. Estupefactos ante aquellas novedades, todavía “no les caen las fichas”. No pueden creer que el sueño en el que creyeron durante más de una década haya sido en realidad una burda estafa de revolucionarios de pacotilla, que la mayoría de los liderazgos políticos que los movilizaron no haya ocultado más que  a unos oportunistas que aprovecharon la ocasión para enriquecerse personalmente, burlándose, tras discursos iconoclastas, tanto de las esperanzas de cambio que  pusieron en su militancia sus seguidores como de las  necesidades básicas insatisfechas que decían habían venido a colmar.  Les cuesta creer que, como en el cuento de Hans Christian Andersen, ¡el Rey está desnudo!

Los gremios, cuya función social está reconocida por nuestra Constitución, deben cumplir con un rol que es indispensable en la construcción de una sociedad cada vez más justa, porque tales organizaciones de trabajadores permiten equilibrar la capacidad de negociación de éstos  con la de sus empleadores en la determinación de las condiciones dentro de las cuales debe transitar una relación de trabajo dependiente. Debe tenerse presente que son organizaciones que participan en el establecimiento de normas generales obligatorias, o sea que cumplen una función social cuyo efectivo cumplimiento es de interés colectivo que va más allá del interés de sus afiliados. El desvío de esos fines afecta intereses generales de la sociedad en la que actúan, por lo que su gestión debe ser necesariamente supervisada por el Estado para que no incurran en abusos de su posición dominante o en desvíos de poder. Desde la época de Onganía participan activamente en la gestión de la salud pública, manejando frondosos presupuestos afectados específicamente a ése fin, lo que hace indispensable un estricto control de esa gestión por los intereses sociales en juego.

Desde la asunción de Perón como Presidente (1946), después que este descabezó las cúpulas sindicales y políticas de las estructuras que lo llevaron al poder, los sindicatos dominados ya por sus seguidores se integraron orgánicamente al Movimiento Nacional Justicialista en medida tal que eran considerados por el propio Líder como la columna vertebral del mismo y los diputados de ése origen equivalían a un tercio de la bancada peronista. Después de 1955, mientras duró el ostracismo del peronismo, el sindicalismo de ése origen fue el núcleo duro de la resistencia peronista. Tras su retorno al poder (1973) se alinearon con Perón en contra de las organizaciones  juveniles que pretendían marcarle la cancha y arrebatarle el liderazgo. Después de la derrota de 1983 constituyeron nuevamente núcleo duro alrededor del cual se reconstruyó el peronismo, imponiendo como sucesor de Alfonsín al candidato que eligieron, previo haber puesto a parir al presidente radical. Durante más de medio siglo, con sus más y sus menos, PJ y sindicatos fueron casi dos caras de la misma moneda. Esa simbiosis llevó a que en todo gobierno peronista se considerasen tanto las organizaciones sindicales como a sus dirigentes verdaderos intocables, siendo las actividades de unas y otros cubiertas de una opacidad que impedía saber qué ocurría en su seno y que hacían los dirigentes con los inmensos recursos que administraban. Nadie incurría en la inconveniencia política de querer averiguar sobre los crecientes patrimonios de éstos, que se perpetuaban indefinidamente en sus cargos hasta transformarlos en vitalicios y, más recientemente, en hereditarios. Al mismo tiempo que su accionar excedía notoriamente los estándares legales y nadie quería reprimir los excesos en que incurrían ni menos indagar sobre la formación y actuación de verdaderas guardias de corps sumamente violentas que organizaron y operaron, verdaderas “barras bravas” que actúan tanto en actos sindicales como políticos, las que les sirven para dirimir supremacías inter gremiales, presionar a patronales que no aceptan consensuar políticas salariales o sindicales, imponer compulsivamente la afiliación de determinados grupos de trabajadores e intervenir en las internas partidarias.

Al amparo de esa situación los sindicatos obtuvieron una actitud absolutamente permisiva de las administraciones peronistas, cuando no directamente la asociación de muchos de sus dirigentes con quienes detentaron el poder político durante décadas para lograr impunidad o, lisa y llanamente, para repartir dividendos. Muchos de los integrantes de nuestro desacreditado Poder Judicial se unieron a la fiesta, desatendieron denuncias, desviaron investigaciones, durmieron expedientes y también, desvergonzadamente, desincriminaron a los denunciados. Otros, pocos, que quisieron investigar, se encontraron con el muro de silencio de la administración, que negó toda colaboración o fueron disuadidos con prebendas, uniéndose alegremente al grupo de los afortunados enriquecidos por la corrupción, o disuadidos mediante amenazas a ellos o a sus familias.

Ese panorama judicial nos pone ante la evidencia de la necesidad de una reforma en la legislación reguladora de la actividad sindical, imponiéndose la democratización de su vida asociativa mediante la prohibición de la reelección indefinida y la participación en la dirección sindical de las minorías, el establecimiento de sistemas de control estatal permanente y sistemático de la gestión económica de sindicatos y de sus obras sociales.

El interés en remediar aquel estado de cosas excede el interés sindical, es un interés de la sociedad toda que necesita de gremios fuertes y sanos como un modo de contrapesar el poder empresarial, potenciado en un mundo globalizado, y para lograr del Estado políticas tutelares de los más necesitados.                       

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