Sobre el nepotismo y la teoría del derrame

Sobre el nepotismo y la teoría del derrame

“Sandra, no vengas. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu hermana, sos una pelotuda”
(WhatsApp de Jorge Triaca a Sandra Heredia)

Mientras me informaba sobre el episodio que genera éstas reflexiones recordaba la expresión inglesa “raise the bar” que se traduce como “subir el listón” o, dicho de otra manera, elevar los estándares requeridos en determinadas circunstancias, que es en lo que pareciera que estamos coincidiendo –unos por puro republicanismo y otros por ser simplemente opositores- muchos argentinos al observar críticamente el  comportamiento de un funcionario público, lo que -si se mantiene de aquí en más para juzgar tanto el pasado como el presente- indicará que vamos por buen camino.

La reproducción en las redes sociales del mensaje del  Ministro de Trabajo dirigido a una empleada que trabajaba entonces para su familia desató explicaciones personales de él y de sus familiares, comentarios críticos de propios y opositores, denuncias mediáticas de violencia de género, pedidos de renuncia y de que concurra al Congreso a dar explicaciones. Unos, intentaron minimizar el episodio, Los primeros, reduciéndolo a un hecho anecdótico de la vida privada de la familia del Ministro, otros lo afearon cargando las tintas para exhibir al Ministro como un energúmeno explotador de trabajadores, tratando de utilizar políticamente el escándalo, magnificándolo hasta el absurdo. Los menos intentaron separar la paja del trigo.

Luego se supo que la destinataria del mensaje trabajó “en negro” y, como condimento para hacer el entremés más picante, que había sido designada -mientras revistaba formalmente como empleada de un hermano del Ministro- por el Estado como empleada de un sindicato intervenido por ésa área del gobierno…

Para intentar cerrar políticamente el episodio, el Jefe de Gabinete respaldó al que estaba en el ojo de la tormenta, elogiando su desempeño funcional,  reconociendo que  cometió “un error”, eufemismo que intenta disminuir la importancia de la gafe puesta en evidencia. A pesar del fastidio por el impacto del episodio -que ocurre en pleno conflicto gremial por la reforma laboral y regularización de quienes trabajan “en negro”, por las paritarias salariales con tope y sin cláusula gatillo y la pulseada con  Moyano y el resto de los jerarcas sindicales por la modernización y democratización de sus organizaciones- Macri no les podía entregar su alfil, por lo menos no por ahora.  La consecuencia de tener que cargar con un Ministro que no hace lo que dice debería hacerse, son impredecibles.

“Las acciones privadas de los  hombres que de ningún modo ofendan al orden y moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados” reza  nuestra Constitución, preservando así la integridad de la vida privada. Pero tal  principio ha debido ser precisado cuando se trata de funcionarios públicos, entendiéndose que los actos de su vida privada pueden divulgarse y eventualmente juzgarse en tanto tengan relación con la actividad funcional, si así lo justifica el interés general, que no se identifica con la simple curiosidad del público.

En el caso “Triaca” debemos distinguir entre las diferentes situaciones que se han evidenciado, que no son asimilables entre sí y que generan efectos distintos:

a.) El WhattsApp enviado a Sandra Heredia;

b.) La regularización tardía de su situación laboral, que habría incluido un período sin registración; y

c.) La designación de aquella por el MTSS como empleada de un sindicato intervenido.

De la primera, magnificándola, se ha pretendido –Víctor Hugo Morales dixit- que el comportamiento encuadra en violencia de género y que implica un abuso en la posición dominante en una relación de empleo dependiente. El género femenino de la destinataria del mensaje, hasta donde sabemos, no habría tenido nada que ver con el comportamiento -circunstancial, desafortunado e injustificable- del  Ministro y sí con la situación a la que éste –discapacitado motriz-  quedó expuesto por la inesperada ausencia de quien debía posibilitarle el descenso del automóvil para acceder a su silla de ruedas. Hasta donde se sabe, Triaca no sería cultor del budismo zen y, por más que sea cierto -como lo afirmaron él y su entorno-, que no es ésa la forma de reacción habitual, ella fue indebida y él lo sabe. Lamentablemente la coprolalia está instalada en nuestro país como una forma o modalidad del lenguaje coloquial que utilizan corrientemente distintos sectores sociales, sin diferencia etaria, cultural o económica. Su uso no supone necesariamente un abuso de una posición dominante ni la intención de menoscabar al destinatario. En el caso comunicaba la intensidad del enojo y que, en ese estado de ofuscación, si tuviese presente a la ausente tomaría decisiones que afectarían la continuidad de la relación. “Pelotuda” según el DRAE, es un sustantivo que significa “Que tiene pocas luces o se comporta como  tal”, sustantivo que en el caso es utilizado en forma peyorativa como un adjetivo calificativo por el emisor del mensaje para describir el comportamiento de la destinataria. Es evidente que ante la situación emotiva que vivió Jorge Triaca los cursos de acción correctos eran otros y que las disculpas públicas ante la difusión del episodio  -ocurrido 4 meses atrás- son tardías, además de mal dirigidas. En suma, tal como afirma el proverbio “una golondrina no hace verano”, no hay elementos para suponer que el comportamiento  indebido denunciado sea habitual en la vida privada del ministro. Pretenderlo implica violar una regla elemental del pensamiento lógico, pues de un hecho aislado no puede derivarse un principio general. Aristotélicamente hablando es una “petición de principios”, una falacia.

De la segunda de las situaciones analizadas, el hecho relevante es que  más allá de que no figurase registrada como empleada del ministro, la realidad es que su contratación tendría relación con las actividades que se realizan en una quinta propiedad de la familia Triaca por algunos los integrantes de ella -entre ellos el Ministro-, o sea que ellos eran los beneficiarios del trabajo de la casera y no solamente quien se registró laboralmente como su empleador. El episodio que originó el mensaje acredita que Jorge Triaca estaba esperando de ella una prestación puntual en su beneficio y que entendía que estaba en su derecho requerirla, aun cuando él no figurase como el empleador. Consecuentemente, si hubo períodos trabajados no registrados, el hecho  moralmente afecta al grupo familiar, incluido el ministro, amén de las consecuencias legales de una defectuosa o simulada registración a título personal.

El tercero de los aspectos diferenciados cae fuera del ámbito de las actividades privadas del Ministro de Trabajo y genera la necesidad legal de una explicación clara que dé cuenta de quién, cuándo y porqué una empleada relacionada con la familia de aquél fue designada para desempeñarse en un sindicato intervenido por el Ministerio del cual él es titular, precisándose en qué condición, para qué tareas, por cuánto tiempo fue nombrada, en qué horarios, si efectivamente cumplió tareas o fue un(a) “ñoqui” y cómo se compatibilizan esas tareas con los horarios de trabajo para la familia Triaca. Trascendió que la titular de la Oficina Anticorrupción dispuso la investigación del episodio. Esperemos que el trámite no termine hundido en una ciénaga administrativa ni que la ratificación de la confianza política del Jefe de Gabinete o el paso del tiempo operen como causa de extinción de la investigación. El fin de la opacidad de la actuación, pública o privada, de los funcionarios del Estado exige el agotamiento de la actividad investigativa y que se conozcan las  conclusiones.

Es saludable la ola de indignación que generó el episodio, aunque, como decía, algunas críticas provienen de quienes guardaron un silencio sistemático con  otras situaciones que en el pasado demandaban ser esclarecidas, tales como enriquecimientos exponenciales e inexplicables de secretarios privados,  chóferes, jardineros y cocineras presidenciales y ministeriales, o de quienes eran amigos, socios o protegidos de quienes circulaban en ésos ámbitos, que parecían beneficiados por la “teoría del derrame” o sea que la prosperidad de éstos sería la consecuencia necesaria del “mayor bienestar” de sus superiores inmediatos.

Digamos por último que en el caso que dispara estas reflexiones, el inculpado nos ha ahorrado por lo menos la vergüenza ajena de invocar en su defensa que las imputaciones realizadas son una persecución política…

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