“Sin otra condición que la idoneidad”

“Sin otra condición que la idoneidad”

Tendréis que pasar cerca de las sirenas que encantan a cuantos hombres se les acercan. ¡Loco será quién se detenga a escuchar sus cánticos pues nunca festejaran su mujer y sus hijos su regreso al hogar!  Las sirenas les encantarán con sus frescas voces. Pasa sin detenerte después de taponar con blanda cera las orejas de tus compañeros, ¡qué ni uno solo las oiga! Tu solo podrás oírlas si quieres, pero con los pies y las manos atados y en pie sobre la carlinga, hazte amarrar al mástil para saborear el placer de oír su canción”
(La Odisea, Canto XII)

Por eso he descendido para libraros de las manos de los egipcios y   sacarlos de aquella tierra  a una tierra buena y ancha, a una tierra que mana leche y miel
(Éxodo 3:8)

Enero/18 será recordado  no sólo por sus niveles térmicos sino también por los  acontecimientos que vienen sacudiendo el ámbito político e institucional, lejos de otras temporadas en que las  novedades se limitaban a la comidilla surgida de informales reuniones veraniegas en la costa bonaerense, en las que socializaban representantes de la farándula con políticos en vacaciones.

Una de las cuestiones que movió el avispero político nacional fue el trascendido de cierta reforma proyectada en el Consejo de la Magistratura de la CABA que, auspiciada por su nueva titular, suponía la creación de nuevas secretarías direcciones, jefaturas, asesorías, etcétera, con las que se justificarían numerosas designaciones jerárquicas que, se afirmaba, eran necesarias para el mejor funcionamiento de una dependencia que ya cuenta con una planta de 1037 personas, equivalente al 20% del poder judicial capitalino. Hecho público el proyecto, manifiestamente contrario a los planes gubernamentales  de racionalizar el funcionamiento del Estado y disminuir el gasto público, se le hicieron fuertes críticas que determinaron que -casi a renglón seguido y sin debate- no sólo se archivase el  mismo destinado sólo a dar satisfacción a determinadas apetencias de la clase política porteña -en el que coincidían oficialismo y oposición-, sino que además se aprobase una drástica reducción de casi el 16%, de la planta de personal limitándola a sólo 875.

El episodio muestra fielmente lo que ocurre en gran parte de la administración pública nacional, provincial y municipal y actualiza la cuestión relacionada tanto con el número de quienes integran el plantel de empleados y funcionarios del Estado, del modo de su ingreso y de su capacidad para cumplir con las funciones asignadas. Dicho de otra manera, pone en el tapete la cuestión de cómo solucionar el problema de tener un Estado casi elefantiásico e incapaz de cumplir su cometido de modo eficaz.

Desde hace muchísimos años los tres poderes del Estado, en todos sus niveles, se han convertido en un coto de caza de políticos -que mantienen una relación clientelar con determinados sectores sociales y políticos y que además tienen familiares, socios, amigos y favorecedores de todo tipo-,  y de grupos de presión o de interés que operan como factores de poder,  aislados o en forma corporativa, quienes también requieren su “libra de carne” que opere internamente a su favor.

Cada  nuevo sector político que accede al poder tiene su propia relación clientelar y compromisos sociales, corporativos o personales que le demandan participar, ellos también, de los resultados electorales, obteniendo -entre otras canonjías- nombramientos en el Estado. Los políticos se suceden unos a otros, pero los grupos de presión actúan permanentemente pues también lo son tanto los intereses que defienden como la necesidad de cargos para operar desde adentro del Estado.

Esas sucesivas oleadas de designaciones se van superponiendo elección tras elección como capas geológicas hasta generar una estructura opaca que responde a intereses a veces contradictorios, la que no sólo está sobredimensionada sino que también es ineficaz. En muchos casos hasta la inoperancia y siempre insustentable con los recursos presupuestarios ordinarios disponibles. Se llega al absurdo -del que nadie se hace cargo- de que la estructura estatal creada para realizar obras y prestar servicios públicos, o sea para actuar en beneficio general, casi agota los recursos disponibles en el pago de sueldos y cargas sociales de su plantel, lo que implica que el gasto público se desvíe del fin original en beneficio particular de la burocracia estatal, siendo la consecuencia directa: obras y servicios escasos y además deficientes.

El cuadro se agrava cuando, mediante una defensa corporativa destinada a preservar los intereses personales de la planta de empleados y funcionarios, los gremios del sector público se resisten por principio a todo lo que sea un intento de modificar tal estado de cosas.

A esta altura de nuestras reflexiones debemos precisar que no renegamos de la función estatal sino que a lo que apuntamos es a la necesidad de contar con un Estado eficiente que cumpla con las funciones que la sociedad decida asignarle de conformidad a las circunstancias políticas y económicas por las que atraviese el país. No creo en un único Estado posible, sea el denominado estado gendarme, cuya única función consista en mantener policialmente el orden, vigilando y protegiendo la libertad de los individuos dentro de la ley; sea el Estado que deba realizar la totalidad de la actividad económica, técnica y cultural. El equilibrio debe salir de la evaluación de lo que puede realizar la actividad privada frente a los objetivos a alcanzar, sin desmedro del cuidado de los intereses colectivos, de modo tal que los legítimos intereses particulares se complementen con las necesidades colectivas a satisfacer mediante la participación estatal. Se trata de que exista un adecuado equilibrio en la defensa de las libertades individuales con la preservación de la seguridad social de quienes menos tienen, en el marco de una actuación eficaz del aparato estatal. Cada sociedad y en cada tiempo debe definir qué cantidad de Estado necesita, qué ámbitos va a dejar a la iniciativa privada, qué recursos va asignar al funcionamiento de aquel cuál camino a seguir para lograr los objetivos deseados. Es una cuestión operativa y no de principios. Es la historia y no la filosofía la que impone las soluciones coyunturales en cada caso. El principio inflexible a respetar es el equilibrio en los hechos de la libertad individual con la tutela de los intereses colectivos de modo tal que con el accionar de un Estado eficaz no se sofoquen los primeros y se preserven los últimos.

Hablando con un amigo de éstos temas le recordaba que el  cuadro de situación descripto ocurre a pesar de que nuestra Constitución postula que nuestros habitantes son admisibles en los empleos públicos “sin otra condición que la idoneidad”. Cuando le hice ése comentario me expresó, asombrado “¡Eso dice la Constitución! ¡No me jodas!” Lamentablemente, la exigencia, elemental de que el ingreso al empleo público en cualquiera de sus niveles suponga ineludiblemente la condición de idoneidad es, desde tiempo inmemorial, tan letra muerta como si estuviese escrita en sánscrito. El concurso, como modo regular de ingreso a la administración, es también letra muerta como el mandato constitucional. Se designan empleados –en todos los niveles jerárquicos y técnicos- eligiéndolos a dedo mediante contratos temporarios que luego se suceden en el tiempo hasta crear la ficción de que en realidad revistan en planta permanente. En los hechos son rehenes de la fracción política al mando.

Hubo una época, que felizmente quedó atrás, en que cada cambio político en la administración del Estado acarreaba la cesantía de quienes adherían más o menos públicamente a la fracción desplazada por elecciones o golpes de Estado. Esa praxis, en la que el Estado era un botín de guerra a disposición de los vencedores, además de antirrepublicana conspiraba contra la posibilidad de incorporar empleados y funcionarios conforme un estándar de idoneidad y de que existiese una carrera administrativa en la que progresar conforme la capacitación adquirida. Hoy los contratados quedan y además  echan raíces hasta los designados en la planta política, que debieran irse junto con quienes los nombraron.

No será una tarea fácil ni rápida racionalizar los recursos estatales cuando estamos como estamos, con una economía que exhibe los índices de desocupación que tenemos y el carácter estructural de ése estado de cosas, pues  la solución  no pasa  por aumentar el número de los desocupados sino por armonizar los cambios a realizar dentro y fuera del Estado. El aumento de la demanda de mano de obra derivada del crecimiento y ordenamiento de nuestra economía demandará tiempo y, durante ese crecimiento, deberá por un lado regularizarse paralelamente la situación de nuestra economía informal, tanto en lo que se refiere las actividades empresarias como a la de quienes se desempeñan como dependientes; y por otro crear las condiciones para que quienes queden fuera del Estado no engrosen las filas de los desocupados. La creación de empleos de calidad deberá, además, ser acompañada por la capacitación de los actuales excluidos del mercado laboral, pues el tiempo que llevan en ésa situación ha incidido en su real capacidad de reinsertarse laboralmente. Ínterin todo ello va ocurriendo, del Estado se tendrán que ir los ñoquis, los que no cumplan sus obligaciones y los adscriptos a la política designados por políticos que ya no gobiernan.

No hay ni habrá soluciones mágicas ni rápidas. Como los hebreos del Génesis tendremos que cruzar  nuestro propio desierto para llegar a la tierra en donde mana leche y miel. Los populistas que prometen lo contrario actúan como las sirenas, que tentaban a Ulises en su largo regreso a Ítaca, que con sus  cantos de inmensa dulzura y musicalidad intentaban llevarlo a su perdición. Las responsabilidades en éste tema, tanto del oficialismo como de la oposición, son inmensas.

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