El futuro de Lula y el de Brasil

El futuro de Lula y el de Brasil

El único sentido de las cosas
es no tener sentido oculto.
Más raro que todas las rarezas,
más que los sueños de los poetas
y los pensamientos de los filósofos,
es que las cosas sean realmente lo que parecen ser
y que no haya nada que comprender.
(Fernando Pessoa)

La reciente confirmación de la condena de Luiz Inácio da Silva, mundialmente conocido como “Lula” -que significa calamar en portugués, apodo que agregó oficialmente a su nombre en 1982 y que alude a un personaje de historieta de la que él, siendo niño, era fanático-, abre un interrogante sobre el futuro no sólo institucional sino también político y social de su país en medida tal que no faltan quienes dudan de la legitimidad del gobierno de quien resulte definitivamente electo, si él no participa en el acto eleccionario. Es el líder indiscutido del Partido de los Trabajadores, fue Presidente de Brasil durante dos períodos consecutivos -01.01.2003 – 01.01.2011- y se perfila como el candidato que sería el más votado en las futuras elecciones de renovación presidencial.

¿Es la pregunta a responder si Lula es inocente del cargo de corrupción que se le imputa? La duda no es inocente porque muchos piensan que lo que realmente habría que preguntar es si la reelección de Lula es compatible con un Estado que combata la corrupción, si los jueces brasileros podrán terminar con éxito su lucha por erradicar definitivamente la corrupción estatal sin sacar del juego político a quien durante su gobierno permitió la instalación y consolidación de un sistema de corrupción institucional que benefició simultáneamente al PT y a los partidos de la oposición financiando generosamente sus actividades partidarias, como también a integrantes de la clase política en funciones, sin distinción de banderías. Por supuesto, también a grandes empresas del país que obtuvieron, a costa del Estado, pingues negocios. ¿La pregunta, entonces, no será si es posible relanzar económica e institucionalmente el país sin cortar de cuajo con dicho esquema de gobierno, sin previamente destruir políticamente a quien muchos consideran el huevo de la serpiente?
Para entender el trasfondo de lo que se está discutiendo judicialmente debemos recordar un concepto político que se origina en Maquiavelo, el de la “Razón de Estado”, quien fue el primero en separar -al analizar la acción de los gobernantes- la ética del arte de la política, expresando: “Esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad”.
Se suele citar al Cardenal Richelieu –Primer Ministro de Luis XIII de Francia, 1624/42- como el primero que, para garantizar la supervivencia de un determinado orden -en su caso el de la monarquía francesa en conflicto con los Habsburgo, que reinaban entonces en España y en el Sacro Imperio Romano Germánico-, eligió los medios a utilizar sin considerar la naturaleza ética de los mismos, pues se consideraba justificado si con su accionar evitaba un mal mayor al Estado por cuyos intereses velaba.
Tales razones de Estado fueron las que el 31 de agosto de 2016 determinaron la irregular defenestración de Dilma Rousseff por el Congreso brasileño, cuyo verdadero pecado fue no ser capaz de liderar las medidas necesarias para que Brasil saliese de la recesión y no la irregularidad en el manejo presupuestario que se le imputaba. Los argumentos legales y políticos de quienes la defendieron se estrellaron sistemáticamente con la realidad de que la mayoría del Congreso no confiaba en su liderazgo político para sacar a Brasil de la situación en que se encontraba y sí en Michel Temer, su Vicepresidente. En nuestra columna “716/ ¿Golpe?” glosamos entonces los entretelones de aquel proceso y señalábamos: “En resumen, se quiere remover a Dilma porque Brasil está en serias dificultades, porque consideran que el gobierno y el partido de la Presidenta son responsables de ése estado de cosas y, fundamentalmente, porque no se cree que sea capaz de revertir tal situación”. En ése momento ella tenía sólo el 8% de consenso y era considerada “parte” del problema a resolver.
En el caso de “Lula” no existen pruebas directas del hecho de corrupción del que se lo acusa en la causa en la que se lo condena, sino sólo indicios. Conforme los principios que informan el derecho penal es posible considerar probada la existencia de un delito y su autoría con pruebas indiciarias, pero deben ser múltiples, unívocas, precisas y concordantes. En ésas condiciones, las posibilidades interpretativas de los hechos por el Tribunal se amplían exponencialmente para posibilitar pasar de un estado conjetural a uno de certeza respecto de la existencia del delito y su autoría. Se abre así la posibilidad de una condena basada sólo en la convicción de los jueces y no en las pruebas supuestamente interpretadas, que se condene por otras causas no explicadas -como en el caso de Dilma- e imposibles de incluir en una resolución judicial.
Lula durante sus dos mandatos presidenciales, “con políticas de sesgo liberal […] aprovechó el crecimiento de los recursos de su país para impulsar su desarrollo que se explicó con el nacimiento de la clase C, un amplio sector de más de 30 millones de postergados que se elevaron a la clase media, que pasó a estar por encima del 50% de la población” (Marcelo Cantelmi), lo que explica el alto porcentaje de quienes hoy dicen que lo votarían como Presidente. Además gran parte del establisment, no precisamente de izquierda, no se alarma con su futura candidatura presidencial “porque entendían que (él) podría contener a las masas castigadas por el ajuste actual y el que se viene, seguros de que un nuevo mandato de Lula mantendría las duras políticas impuestas por el actual gobierno provisional” (ídem). El fallo es leído desde el partido de los trabajadores como una decisión política destinada a poner en marcha el proceso de exclusión de Lula del proceso eleccionario que culminará en octubre/2018, pues es el único que impediría, según sus partidarios, las políticas de ajuste que se anuncian como necesarias.
Si bien es opinable si está probado que Lula recibió una coima directa de la constructora OAS, lo que no puede discutirse – y este dato sobrevuela inevitablemente el proceso- es que él y su sucesora –elegida por él mismo- “permitieron […] una corrupción sin precedentes en la historia de Brasil. Eso se hizo de la mano de un acuerdo delictivo entre empresas privadas de la obra pública y Petrobras […] Esa corrupción […] envuelve a toda la clase política brasileña” (ibídem)”.
Lo dicho nos lleva nuevamente a las decisiones gubernamentales fundadas en razones de Estado. Lula, digan lo que digan quienes lo defienden, amén de aquellos resultados económico-sociales indiscutibles alcanzado bajo sus gobiernos, es hoy parte de los problemas que Brasil tiene pendiente solucionar. Quizás -o sin quizás- la justicia brasilera –que es uno de los poderes del Estado- necesite la cabeza emblemática del líder del PT para seguir en su cruzada de anticorrupción. Muchos de los partícipes aún no fueron alcanzados por las investigaciones y dicho accionar se vería desautorizado políticamente si se abriera la vía para que vuelva al gobierno quien tiene en su “Debe” el haber dado vía libre al matrimonio de la corrupción estatal con el financiamiento de la política y casi naturalizado el enriquecimiento personal de las figuras más connotadas de ése sector. Lula nuevamente en el poder equivaldría, según ésa óptica, a sentenciar “aquí no ha pasado nada”.
El final está aún abierto y los riesgos institucionales, políticos, económicos y sociales de una u otra alternativa –absolución o confirmación de la condena- están a la vista. A diferencia de lo decidido en el caso “Dilma” por el Congreso, probablemente nunca sabremos -si la condena se mantiene- si los jueces obraron conforme a derecho o respondieron a una razón de Estado. Se trata de comportamientos humanos, a veces ininteligibles, no de cosas -que precisamente por ser tales como decía aquel poeta portugués- que no tienen un sentido oculto.

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.