Al igual que otros países latinoamericanos, hoy Perú está atravesando una profunda crisis de tipo política-institucional que golpea al país en su peor momento, dada la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de coronavirus.

En esta oportunidad, el origen de la crisis yace en la presunta participación directa del presidente Martín Vizcarra en la contratación irregular del cantante Richard “Swing” Cisneros para dar charlas motivacionales a los funcionarios del Ministerio de Cultura.

Según las denuncias periodísticas, durante los últimos años, el cantante habría sido contratado en numerosas ocasiones, habiendo recibido por su servicio alrededor de unos US$50.000. La irregularidad estaría sustentada en que se trataría de una actividad que es ajena a la experiencia y formación del cantante.

De este modo, el viernes pasado, después de que se divulgaran unos audios donde se escucharía al presidente y algunos de sus funcionarios conspirando para encubrir sus vínculos con el artista, una mayoría de legisladores logró la puesta en marcha de una moción de vacancia contra Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, a causa de su presunta responsabilidad en el llamado caso “Richard Swing”.

Sin embargo, para que fuese destituido se necesitaban 87 votos, lo que no se pudo reunir ante los 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones. Así, Martín Vizcarra salía airoso de esa situación, y finalmente, continuaría con su cargo, el cual asumió en marzo de 2018.

Ahora bien… ¿Qué conclusiones o reflexiones podemos extraer de lo que ha sucedido en el país andino?

En primer lugar, una vez más vemos que estamos en presencia de una carencia o debilidad institucional que también está presente en otros países latinoamericanos y tiene que ver con la falta de transparencia y acceso a la información pública, lo que contribuye a que el fenómeno de la corrupción esté a la orden del día.

En este sentido, tengamos en cuenta que Perú es un país con numerosos antecedentes de presidentes implicados en casos judiciales. Sin ir más lejos, Vizcarra llegó al poder debido a la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por acusaciones y sospechas de corrupción ligadas a la empresa brasileña Odebrecht. Lo mismo ha sucedido anteriormente con los ex presidentes Fujimori, Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Esta situación también es recogida por la ONG Transparencia Internacional, que según datos de 2019, ubica al país en el puesto 101 (de 180 países analizados) del Índice de Percepción de la Corrupción.

En segundo lugar, ante esta cruda realidad política, no debería sorprendernos el hecho de que a través de los años, el Parlamento peruano haya asumido un rol protagónico en lo que respecta al control y rendición de cuentas del gobierno de turno, poniendo en juego, en numerosas ocasiones, su continuidad.

Esto, sin dudas, ha llevado a que el sistema político de Perú haya estado tradicionalmente concentrado en las disputas políticas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, más que en la resolución de los problemas estructurales que aquejan al país.

En tercer lugar, vale agregar que estos temblores institucionales ya no son compensados por una situación o rendimiento económico próspero en el país que permita mantener la estabilidad. Lo cierto es que con el tiempo ha quedado demostrado que las altas tasas de crecimiento económico que Perú supo tener, no se han traducido necesariamente en una fuente de bienestar o han tenido un efecto derrame – como se esperaba – sobre el total de la población, aumentándose la brecha entre ricos y pobres, y con ello, las desigualdades sociales.

Finalmente, la crisis política-institucional también se ve agravada por los efectos de la pandemia. Si bien Vizcarra fue el mandatario que más rápido actuó, Perú es el país con más muertes por habitante del mundo y uno de los más afectados en la región, con más de 700.000 infectados y más de 31.000 fallecidos.

Esto no sólo evidencia cierto mal manejo de la situación por parte del presidente, sino también años de desinterés por parte de la clase política dirigente en resolver los problemas estructurales que ya aquejaban al país previo a la pandemia, y que se vieron agudizados por ésta.

Para cerrar, no deberíamos pasar por alto el dato de que quienes “salvaron” con sus votos al presidente Vizcarra de ser destituido, fueron los llamados “populares” (los bloques opositores de Acción Popular y Fuerza Popular), lo que nos habla también de un cierto oportunismo político en la oposición, al intentar evitar acarrear el costo político que implicaría una decisión de esa índole, de cara a las próximas elecciones en abril de 2021, donde podrían necesitar de esos apoyos.