¡Colombia despertó!

¡Colombia despertó!

En las últimas dos semanas, hemos sido testigos de la profunda y grave crisis política-social que Colombia está atravesando. Las imágenes y testimonios que nos llegan desde el país hermano evidencian una escalada de violencia policial sin precedentes.

Pero esta crisis tiene un comienzo y una explicación. Podemos poner como fecha de inicio el pasado 20 de abril, cuando el presidente Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria al Congreso, titulado “Ley de Solidaridad Sostenible”, con el fin de recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares con el pretexto de hacer frente a la crisis sanitaria.

El problema principal era que, en términos generales, la mayor carga tributaria recaía sobre la clase media y baja, quedando exentos los sectores más ricos y poderosos del país, sin mencionar que la propuesta se presentaba en un contexto de pandemia y crisis económica que ya afecta considerablemente a esos sectores.

Como era de esperarse, bajo estas condiciones, era imposible que dicho proyecto contase con el apoyo y consenso mayoritario de la clase política y sociedad colombiana.

En consecuencia, el 28 de abril se convocó a un paro nacional y desde entonces, ha habido una ola masiva de protestas, que a sorpresa de muchos, no  ha cesado con el retiro del proyecto de ley por parte del presidente, ni tampoco con la brutal represión policial dispuesta por el gobierno nacional, que a esta altura, ya se puede catalogar como una grave violación a los DD.HH. del pueblo colombiano.

Y esto tiene su razón de ser en que la ciudadanía no sólo se ha movilizado para expresar su rechazo o disconformidad con una reforma tributaria insensata (que actuó como detonante de la protesta), sino también por una multiplicidad y diversidad de demandas que evidencian un hartazgo generalizado de la sociedad con la elite y sistema político colombianos.

En este sentido, estas movilizaciones no pueden comprenderse sin tener en cuenta el contexto de crisis económica y social que vive Colombia hace años: nos estamos refiriendo particularmente a la existencia de una desigualdad endémica y a los altos índices de violencia institucional e inseguridad.

Para peor, la pandemia ha agravado las tasas de pobreza (42,5%), desempleo (16,8%) e informalidad (51,2%), dejando sin perspectivas de futuro a la juventud, que es la principal protagonista de las protestas.

Asimismo, este paro no puede entenderse sino como una reedición y/o continuación – tras la irrupción de la pandemia – de aquel que se convocó a fines de 2019 (con motivo de lo que se dio a conocer como el “paquetazo duque”), que obligó al gobierno a alcanzar unos acuerdos que no se cumplieron y hoy es un fuerte motivo de irritación y descontento.

Pero por sobre todas las cosas, es imposible hacer un análisis riguroso de la situación sin tener en cuenta el Acuerdo de Paz alcanzado en la ciudad de La Habana en 2016, entre el gobierno encabezado por Juan Manuel Santos y las FARC-EP.

Este proceso de paz ha sido muy importante para Colombia, porque su implementación significa el fin de la violencia política y armada que existe en el país hace ya más de 60 años.

El problema es que, desde la llegada de Duque al gobierno colombiano, su implementación ha sido paralizada en muchas zonas críticas del país, a tal punto de que uno de los capítulos más importantes del acuerdo – la realización de una reforma agraria en la que se prevé la sustitución de cultivos de coca, que muchas veces acaba siendo un medio de subsistencia – ha sido simplemente reemplazado por fumigaciones aéreas por parte de su gobierno.

En consecuencia, el resultado ha sido el aumento de la violencia e inseguridad en las zonas marginales y rurales del país, con el asesinato de líderes sociales, el resurgimiento de viejos y nuevos grupos armados (que se disputan el control de las regiones) y el aumento de los desplazamientos forzados.

Esta situación explica por qué uno de los componentes más importantes de las protestas es el campesinado y por qué gran parte de ellas se desarrollan en esas zonas de conflicto, donde se ha paralizado la implementación del Acuerdo de Paz.

Por último, la crisis colombiana evidencia el fracaso de un modelo neoliberal de desarrollo, que habiendo sido aplicado y promovido sistemáticamente por una elite política hegemónica, no ha sabido dar respuestas ni soluciones a las demandas más básicas y prioritarias de su gente.

Por lo pronto, el primer intento de diálogo entre el gobierno de Duque y el Comité Nacional del Paro (el cual no representa a todos los sectores que se han manifestado) ha fracasado, lo que evidencia la necesidad de un gran diálogo nacional, que atienda la totalidad de las reivindicaciones sociales, y un cumplimiento efectivo de los acuerdos desconocidos hasta el momento.

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