Cuando el Estado quiere, puede

Cuando el Estado quiere, puede

Una de las funciones del Estado es la de dictar normas y luego procurar su cumplimiento, estableciendo penas, castigos, a quienes las violan.

Muchas de estas normas tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más ordenada, más disciplinada y respetuosa de la vida y de los bienes ajenos.

Buena parte de esta legislación cae en el profundo pozo del incumplimiento, dando pie a la afirmación de que constituimos una sociedad anómica, desapegada completamente al cumplimiento de nuestras obligaciones.

Creo que hay dos razones centrales que alimentan esta “cultura” argentina: la primera de ellas es que el Estado abusa en la sanción de normas tornándolas de difícil conocimiento y cumplimiento. Muchas veces son contradictorias entre sí, dando pie a planteos judiciales o administrativos que paralizan su cumplimiento; la segunda es que el mismo Estado que sanciona las leyes, no tiene los recursos humanos y materiales para prevenir y perseguir los incumplimientos.

Esto da pié a una especie de certeza social en el sentido de creer que el Estado es incapaz de lograr su cometido de cambiar conductas comunitarias.

Esto no es cierto.

El Estado provincial decidió disponer hombres y materiales para conformar la Policía Caminera. Son 900 efectivos, 114 patrullas equipadas con móviles, comunicaciones y radares.

En un año disminuyeron en un 40% las muertes en accidentes de tránsito en las rutas cordobesas. Son 194 fallecimientos menos. Son 194 personas más que pueden seguir el curso de sus vidas.

Hoy cuando viajamos, tenemos todo lo exigido en el auto, prendemos las luces bajas, nos ponemos el cinturón y viajamos a 110 Km. por hora.

La legislación ya existía. Lo que faltaba era decisión y recursos.

Cuando aparecieron, las conductas cambiaron.

En San Francisco, la obligatoriedad en el uso del casco y la decisión de perseguir a los infractores, logró disminuir las muertes en accidentes dentro del ejido urbano.

Hoy se calcula que un 60% de los motociclistas usan el casco. Ese número aumenta cuando hay controles.

Este fin de semana con los controles en 25 de Mayo e Iturraspe -para los que pretendían esquivar el primero-, virtualmente desaparecieron los infractores.

Es evidente que hay decisión, sin embargo no se logra el objetivo de limitar el tránsito de motociclistas sin casco porque hay escasez de recursos humanos y materiales.

Es cierto que el municipio no está en condiciones económicas de “tirar manteca al techo”. Pero también es cierto que si se pudieran extender los controles a todos los sectores de la ciudad, sería raro ver un motociclista sin casco.

Es evidente que cuando el Estado “actúa”, los objetivos planteados por la sociedad a través de la legislación se cumplen.

Hay varios temas haciendo “cola” y esperando la decisión estatal, entre ellos, quizás el más preocupante, es el que tiene que ver con la proliferación de la venta y el consumo de estupefacientes.

Los dos ejemplos anteriores demuestran que, si ponemos lo que hay que poner en la Policía Provincial, el problema se atenuará y podremos decir que el título de tapa de El Periódico de este sábado, que decía que San Francisco es una “Ciudad Blanca”, haciendo referencia al gran consumo de cocaína, forma parte del pasado.

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