Educación sexual en las escuelas

Educación sexual en las escuelas

Al momento de escribir estas líneas se debatía en el seno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto destinado a incorporar a los planes de la enseñanza oficial en las escuelas que funcionan en aquel ámbito como materia obligatoria la referida a la educación sexual de los educandos. El tema, en si mismo apto para abrir polémicas, las suscitó con mayor intensidad por cuanto el proyecto presentado venía impulsado por una asociación civil gay-lésbica, situación esta que en nada contribuyó al sereno debate que la cuestión demandaba, en el que se polemizó sobre el alcance derecho de los padres a educar a los hijos en estas materias y el rol del estado en la educación. 

Sobre el tema es necesario realizar algunas precisiones que permitan fijar algunas conceptos básicos, indispensables para que la solución que se adopte contemple los intereses del niño y los del conjunto social en el cual el mismo vive, más allá de la posición confesional que sobre el sexo puedan tener los padres y su legítima aspiración a formar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas. 

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que el ser humano es naturalmente sexuado, que el sexo nos acompaña, indefectiblemente, a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, condicionando nuestras relaciones con los demás miembros de nuestra especie. Esto es así en grado tal que si bien podemos mantener distintas posiciones sobre el alcance o modalidades de la educación sexual lo que no podemos es ignorar es la existencia de la sexualidad y el condicionamiento de nuestras vidas que emana de ella. Es irracional actuar como si el sexo no existiera o como si no importase en nuestras vidas o sostener que se trata de una cuestión estrictamente privada respecto de la que el estado no debe inmiscuirse. 

En segundo lugar es indispensable establecer cuáles son las áreas de competencia del estado laico y de la religión, sin que afirmar al determinar con firmeza y precisión el contenido de aquellas suponga adoptar una posición antirreligiosa. Simplemente es necesario fijar cual es el límite de lo público, de los intereses generales y lo estrictamente privado. Es fundamental establecer la frontera entre lo público y lo privado por cuanto de ella depende la existencia de una sociedad auténticamente democrática, tolerante y abierta. 

Recordaba, con razón a mi juicio, Mario VARGAS LLOSA en un artículo referido a las relaciones entre la fe y las cuestiones civiles que “Por definición, toda religión -toda fe- es intolerante, pues proclama una verdad que no puede convivir pacíficamente con otras que la niegan. Durante muchos siglos el cristianismo lo fue, tanto como el islamismo radical, y combatió a las otras religiones -al error- con la espada y con la buena conciencia de quien se sabe aliado de Dios y portaestandarte de la absoluta, integérrima verdad. Ateos, judíos, mahometanos, paganos y más tarde protestantes pagaron carísimo profesar falsas religiones y adorar dioses fetiches, y millones de ellos fueron forzados por el terror a convertirse a la verdadera religión. Durante muchos años, y hasta hace relativamente poco tiempo, mientras fue religión de Estado, el catolicismo legisló y estableció normas de conducta estrictas en la vida privada de las personas, ni más ni menos como en los Estados fundamentalistas islámicos donde impera la sharia, aunque es justo señalar que, con toda su ferocidad represora en materia sexual, el catolicismo no llegó nunca a los extremos discriminatorios y denigrantes contra la mujer del islamismo”. 

En una sociedad plural, cultural y políticamente hablando, debe ser posible que coexistan culturas, tradiciones y religiones diferentes. Un estado laico no supone una sociedad atea o agnóstica ni un gobierno enemigo de la religión, sino el estado respeto a todos por igual, siendo los ciudadanos absolutamente libres de adoptar la fe y el culto que les plaza. 

Reflexionaba VARGAS LLOSA que “Es natural e inevitable que, en un Estado laico, las organizaciones religiosas traten de influir en la dación de las leyes, de modo que éstas coincidan con, o reflejen, las convicciones, modos de conducta y prejuicios que las animan. Y en muchísimos casos esta propensión no es írrita sino benéfica para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero, en ciertos asuntos […] no lo es y surgen desavenencias y polémicas. Bienvenidas sean, pues la esencia de una sociedad abierta es el debate y el constante cuestionamiento de las normas que regulan la marcha de la sociedad, en pos de su mejora”. 

En el tema de la sexualidad es necesario distinguir claramente entre ese componente inescindible de la condición humana y las enseñanzas morales o religiosas sobre el ejercicio de esa sexualidad. El conocimiento de lo primero es un antecedente indispensable para adoptar con libertad decisiones que hacen a nuestra vida y tal conocimiento no puede quedar sujeto a determinada postura religiosa o moral sobre el sexo. 

La concepción de la familia patriarcal es un hecho del pasado. La familia actual se ha horizontalizado tanto por el reconocimiento de la absoluta igualdad de los sexos –la patria potestad es actualmente ejercida en forma conjunta por ambos padres sin que exista ninguna preferencia a favor del sexo masculino- como porque tal institución se visualiza como un plexo de derechos/ deberes de los padres que se les imponen no en beneficio de ellos sino en el de sus hijos. Los niños son considerados actualmente como sujetos de derechos que deben ser tutelados por la sociedad civil, debiendo primordialmente atenderse al interés superior del niño. Va de suyo que en la tutela que se dispensa a los niños deben tenerse en cuenta los derechos y deberes de los padres, en particular el de impartirles una orientación apropiada, pero en ningún caso tales derechos pueden prevalecer sobre los intereses y derechos del niño. Estos principios tienen hoy rango constitucional y los mismos obligan a los estados parte de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO a garantizar que estos estén en condiciones de formarse un juicio propio, lo que supone el derecho de ellos recibir informaciones y conocimientos que garanticen tal conocimiento. Expresamente se reconoce a los padres el derecho de guiar al niño en el ejercicio de su derecho conforme a la evolución de sus facultades, pero tal derecho no supone el de restringirle a estos la información necesaria que supone el respeto de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de darles una información parcial o fragmentaria. 

En nuestra sociedad es una situación generalizada, que pasa de generación en generación, que los padres no hablan, o lo hacen muy poco, de sexo con sus hijos. Estos adquieren sus conocimiento de sus hermanos mayores, algo más experimentados, de sus amigos o, lisa y llanamente de los medios de comunicación, particularmente de la televisión. Tradicionalmente hemos sido formados en la concepción de que el sexo era igual a pecado, que era algo sucio, que no debía ventilarse. Los padres no han recibido instrucción ni menos educación sexual que puedan trasmitir a sus hijos. Respecto de los varones la educación paterna no iba más allá de algún escueto consejo sobre cómo debía “cuidarse”, si es que en algún momento se conversaba del tema. Las enseñanzas sobre el tema se completaban con un período de catequesis que aportaba una instrucción sobre el sexto mandamiento. 

En las discusiones suscitadas por el proyecto se reivindica el derecho de los padres de educar a sus hijos, queriendo con ello excluir la actividad del estado en la materia por entender que la misma está reservada exclusivamente a aquellos, ó se pretende que el contenido del programa educativo sea establecido por los padres o que la obligación de impartir la materia de educación sexual no se extienda a aquellos establecimientos educativos privados ó que se sustituya la educación sexual de los hijos por cursos de formación para padres. Las objeciones provienen fundamentalmente del sector religioso que continúa confundiendo el conocimiento de la sexualidad del género humano, que es básico para adoptar responsable y libremente una determinada posición ética o religiosa sobre el sexo, con la postura moral o confesional sobre el sexto mandamiento. Se trata de áreas totalmente diferenciadas, que pueden y deben abordarse independientemente una de la otra, garantizándose que la transmisión del conocimiento básico sobre la sexualidad humana sea científicamente objetivo, obviando toda connotación valorativa a favor de una u otra opción. 

Incorporados en el conocimiento del joven los conocimientos básicos sobre su sexualidad, podrán los padres orientar conforme a sus convicciones éticas o religiosas a sus hijos, orientación que nunca, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia o pretexto, puede suponer la omisión de la información necesaria a la que tiene derecho personal el menor. 

Es el estado, que tiene constitucionalmente la obligación de garantizar la adecuada información de los educandos el que debe fijar los contenidos de esta asignatura, que ira profundizando el conocimiento a medida que se produzca el crecimiento del niño.

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