¿Y por casa, como andamos?

¿Y por casa, como andamos?

En el mes de diciembre de 2003 analicé en esta columna una situación anómala que se producía en el ámbito de la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO y que consistía en la delegación de facultades del H. CONCEJO DELIBERANTE a favor de la administración y que se concretaba mediante la autorización permanente incluida en la Ordenanza Tributaria de poder modificar por sí solo las alícuotas de los impuestos. Aludía también en ésa oportunidad a un proyecto que suponía autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar, sin intervención del Concejo, las distintas partidas presupuestarias. 

El proyecto aludido se concretó incluyéndose en la Ordenanza presupuestaria una previsión expresa en ése sentido, poniéndose como única limitación a la facultad del Ejecutivo de modificar las partidas presupuestarias previstas por la Ordenanza respectivo, facultad que incluye la de creación de partidas no previstas, el monto global de los gastos autorizados, con lo que la Ordenanza madre de toda la actividad municipal se reduce en la práctica a la fijación del monto global que la administración podrá gastar en el ejercicio, pudiendo, de hecho, el titular del Departamento Ejecutivo gastar tales recursos en lo que quiera !!!. El Presupuesto queda transformado de esa manera en una simple carta de intención, una recomendación amable al Ejecutivo sobre qué asuntos debe atender. 

Lo que aún es más grave, si lo comparamos con la gravedad institucional que supone en el ámbito nacional el pedido del Presidente de facultades extraordinarias, es que, a diferencia de lo que ocurre en ése ámbito, en el municipio ni siquiera se ha invocado para justificar esta delegación impropia de facultades la existencia de un estado de emergencia, default inclusive, que justifique la necesidad o conveniencia de adopción de medidas urgentes cuya sanción a través del proceso parlamentario implicarían demoras que tornarían ineficaz el accionar del Ejecutivo. 

Consecuencia de ello es que la delegación de facultades se ha incorporado a la legislación municipal no como una norma transitoria, propia de un estado económico-social anómalo, extraordinario, de emergencia, sino como una norma permanente que se corresponde normalmente con el funcionamiento regular de las instituciones. Esta gravísima irregularidad no ha generado debate significativo en nuestro Concejo Deliberante, habiéndose votado la propuesta del Ejecutivo sin cuestionamientos puntuales, con lo que surge la duda sobre si los Concejales, tanto oficialistas como los que representan a la oposición (¿?), realmente entendieron lo que aprobaron y sus implicancias. 

Hemos seguido con atención en la prensa nacional la negativa del arco político opositor a conceder al Ejecutivo las facultades extraordinarias por las implicancias para las instituciones republicanas que suponía la delegación pretendida, siendo el radicalismo una de las voces que se elevaron para manifestar lo innecesario, ilegal e inconveniente de la delegación de facultades, lo que hicieron tanto los sobrevivientes del naufragio del 2003 como los dirigentes de ése origen que hoy transitan por caminos diferentes. 

Comparando nuestra realidad local con ésas manifestaciones nos surge la pregunta si son militantes del mismo partido los que invocan principios republicanos tan distintos, o si, como interpretan algunos, este partido ha dejado de ser una expresión nacional para transformarse en una federación de expresiones locales más o menos importantes, unidas no por los mismos principios e ideales políticos sino simplemente por haber tenido una historia en común cuya conciencia es cada vez más difusa e imprecisa. 

La alianza liderada por el radicalismo, en su último fugaz y desafortunado paso por el gobierno nacional, le arrancó al Congreso facultades extraordinarias para que CAVALLO pudiera salvar al país, situación que les es enrostrada por las principales espadas del PJ en el curso del actual debate por la concesión de las facultades extraordinarias. 

Estas reflexiones, muy a mi pesar, nos ponen ante la evidencia de que los principios republicamos no son adoptados por las distintas expresiones políticas como fundacionales y cuyo respeto irrestricto es básico para la salud de la república y sus instituciones, sino que son invocados al solo efecto de hostigar al oponente circunstancialmente en el gobierno, sin creer realmente en lo que dicen. 

El resultado es nefasto para las instituciones y explica el descreimiento de muchos en el sistema de partidos. Éstos no operan alrededor de ideas y principios esenciales sino que actúan sobre la base de las conveniencias personales o grupales de quienes ejercen el poder político o de quienes se oponen. En tales condiciones es difícil, sino imposible, al ciudadano independiente, identificarse con algún partido. 

Las responsabilidades políticas en el descreimiento político, tanto de quienes piden como de quienes otorgan estas delegaciones de facultades, son indudables. La presencia femenina en los cuerpos deliberativos no ha aportado aún ningún cambio en el estilo o forma de hacer política, ellas han asimilado sin protesta ni reserva los códigos de comportamientos partidarios. Por desconocimiento, comodidad o indiferencia votan o no se oponen a iniciativas que carecen de toda justificación institucional, económica o política, que solo expresan la vocación a acumular un poder de gestión sin límites ni control.

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