Me da vergüenza…

Me da vergüenza…

Si. Me da vergüenza, le decía días atrás a un amigo. Vergüenza ajena por el manejo que el PEN viene haciendo del tema del corte de ruta por parte los vecinos de Gualeguaychú, que a trancas y barrancas insisten en el cambio de emplazamiento de la ex Botnia. Esto aún cuando el fallo de La Haya no lo ordenó porque no se acreditó que el emprendimiento papelero contaminase el medio ambiente.

 

El tirón de orejas a Uruguay –que no fue más que eso, no nos engañemos- no supuso reconocer que Argentina tenía el poder de veto del emprendimiento ni que lo tendrá en el futuro. El fallo se limitó a dejar constancia de que nuestros vecinos no habían seguido el procedimiento de consultas previsto por los tratados vigentes, sin aplicarles sanción alguna porque entendieron que esa declaración era suficiente.

 

Kirchner, que en el pasado declaró que la de Gualeguaychú era una causa nacional, que alentó directa e indirectamente no solo la protesta sino que también legitimó en forma expresa el corte de una vía de transito internacional, privilegió su intemperancia y se negó a un diálogo realista y superador, desestimando las propuestas de Tabaré Vázquez de monitorear en forma conjunta la actividad de la pastera.

 

Una y otra vez nos hemos referido en estas columnas a la absoluta incapacidad del matrimonio-K de dialogar y consensuar. Su estilo pasa por imponer su voluntad y hacer notar, además, que ella es la que se ha impuesto. Claro es que a los gobernantes charrúas, que heredaron la impronta antigüista, no los pudieron llevar por delante. El acuerdo verbal al que arribaron Vázquez-Kirchner en Santiago de Chile, colapsó por la incontinencia verbal de este último. La persistencia del corte y su aliento descarado por nuestro gobierno, que una y otra vez manifestó que tal comportamiento era legítimo, ello en medida tal que desconoció lo ordenado por magistrados judiciales de despejar la ruta, dinamitó cualquier posibilidad de diálogo. Esto a pesar de que al mandatario uruguayo ofrecía más o menos lo mismo que lo que ahora se presenta como un logro de nuestra diplomacia.

 

La imposibilidad de doblegar a nuestros vecinos con amenazas o vías de hecho y la incapacidad para generar las condiciones que permitieran un diálogo superador del conflicto, determinó que la política oficial fuera trasladar al futuro el desenlace del conflicto y supeditar todo al fallo del tribunal de La Haya.

 

No debemos confundir la bonhomía y sencillez del trato del actual Presidente uruguayo con debilidad de carácter. Él conoce el paño con el cual debe reconstruir las relaciones y por eso ha sido prudente en sus declaraciones públicas. De cualquier manera quedó claro, por una parte, que el corte del paso internacional es incompatible con la normalización plena de nuestras relaciones con Uruguay, y por otra, que es el gobierno argentino el que debe tomar las medidas conducentes para lograr ese resultado.

 

Es claro que ahora, frente a la necesidad de cumplir nuestra parte para normalizar las relaciones con nuestro vecino, hay que olvidarse tanto de la causa nacional  como de las reiteradas manifestaciones de aliento al desborde de los vecinos de Gualeguaychú. Ahora hay que tragarse los mocos, desdecirse de lo que tantas veces dijeron enfáticamente y proceder a despejar el puente. Cínicamente el Jefe de Gabinete afirma, para explicar lo que se pretende presentar como una decisión contundente, que “el gobierno ha tenido mucha paciencia” (sic) como sino tuviera nada que ver con el corte de la ruta.

 

Aquí viene el socorrido recurso de echarle la culpa de lo ocurrido a otro. El corte habría persistido en el tiempo por culpa de la justicia que no actúa como debiera!!!. Sí, mi amigo. Así como lo escucha. Pareciera que el ejecutivo nacional no tenía como obligación primaria el hacer cumplir las leyes de la república y los tratados internacionales que nos obligan, los que aseguran, unas y otros, la libre transitabilidad de las rutas de la republica, incluidos los pasos internacionales y también la de cumplir las decisiones judiciales que datan de 2005 y 2007.

 

Pero después de que tanto el Ministro de Justicia como el de Interior anunciaran que se utilizaría la gendarmería para despejar la ruta bloqueada, las últimas noticias emanadas del gobierno desmienten a Julio Alak y a Florencio Randazzo e indican que no se procederá de esa manera. Que el gobierno se constituirá como querellante en contra de los que intervengan en el corte, a quienes denunciará penalmente!!!

 

El hecho de que los uruguayos, prudentemente, no hayan fijado plazos para la rehabilitación del tránsito no quiere decir que acepten todas las argucias del gobierno argentino para no hacer lo que le corresponde. El gobierno tiene terror a que, por alguna u otra razón, haya un desmadre en las maniobras de desalojo de la ruta y que el resultado sea otros Kosteki y Santillán, esto es que se repita el drama originado en el corte del puente Avellaneda que determinó el fin anticipado de la presidencia de Eduardo Duhalde.

 

El curso de acción indicado por el Jefe de Gabinete supone dilatar sine die la terminación del corte porque no es creíble que los asambleistas más enconados cedan su posición por la posibilidad de ser imputados personalmente.   

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