¡Bajen un cambio!

¡Bajen un cambio!

Días pasados, en medio del sopor del verano, la ciudad presenció un serio enfrentamiento personal, que excedió notoriamente el marco político-institucional dentro del cual debió encausarse el diferendo, entre los integrantes de una de las minorías del Concejo Deliberante, el Frente Cívico, con la titular de la bancada justicialista, enfrentamiento que derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción de turno de nuestra ciudad hecha por los ediles Maité  Ferrero y Carlos Roffé en contra de las autoridades municipales y en el anuncio de una  presentación ante el TSJ de la provincia por Graciela Brarda.

 

Hace casi dos años, en este mismo espacio, en una columna que titulamos “Sobre la renuncia al diálogo”, reflexionábamos sobre lo que quien esto escribe consideraba un comportamiento político equivocado de la bancada radical, que en los comienzos de la gestión del actual intendente municipal radicó dos denuncias ante los tribunales locales por diferencias respecto de actos de gestión de la entonces novel administración, y también sobre las consecuencias institucionales de comportamientos que obstan a la construcción de espacios de diálogo necesarios para la construcción de consensos sobre políticas públicas permanentes que la ciudad necesita, reflexiones que mantienen su actualidad.

 

Los comportamientos antes aludidos, que quizás forman parte del clima político de exasperación y confrontación general que estamos viviendo,  nos ponen en la necesidad de retomar el tema. Las diferencias,  naturales y propias de un sistema democrático, que se puedan generar a partir de la administración de la cosa pública, aún con los apasionamientos o los ardores propios de lo que cada uno entiende es la forma de defender una causa justa, tienen causes institucionales dentro de los cuales se deben plantear y resolver. En el caso, si a los ediles del Frente Cívico, que cuestionaban la decisión municipal de remover un asentamiento precario realizado en espacios públicos y la manera de llevarla adelante, entendían no sólo que el método utilizado era equivocado sino que la medida en sí misma era incorrecta, tenían a su disposición los mecanismos legales dentro de los cuales expresar su desacuerdo.

 

El ámbito propio, específico, dentro del cual deben planearse éstas cuestiones, es el del Consejo Deliberante que ellos integran. En el seno de dicho cuerpo podrían pedir la comparencia de los funcionarios cuya actuación les pareció errónea o abusiva, para que en el pleno del cuerpo den públicas explicaciones de lo actuado. O podrían haber solicitado informe del Departamento Ejecutivo sobre el mismo tema o la opinión técnica de la Asesoría Letrada Municipal y aún pedir la comparencia del propio titular del DEM si fuese necesario para que explique cuáles son las políticas que tiene el municipio para casos como el ocurrido como también la manera que en que se concretaron las mismas. Esclarecida la cuestión podrían presentar un proyecto de resolución desaprobando lo actuado. Todo esto sumado a declaraciones en los medios de prensa, que son receptivos a este tipo de cuestiones, generando un debate público. Por  último, si las explicaciones recibidas no los satisficiesen y se estuvieran, prima facie, a su criterio, ante comportamientos que importaran la comisión de algún delito de acción pública, deberían, recién entonces, llevar los antecedentes a la justicia.

 

De igual manera si la titular del Concejo entendió que sufrió amenazas por parte de una de las integrantes de dicho cuerpo legislativo originadas en una actuación que le cupo a ella en aquel carácter, entendemos que lo que correspondía era llevar también ella el tema al seno del Concejo para que se avocara al estudio de la situación, requiriese las explicaciones o aclaraciones del caso y, si correspondiese, adoptase las medidas disciplinarias que la ley prevé, que no son menores ya que pueden, según la gravedad, llegar hasta la suspensión en las funciones o a la exclusión del cuerpo.

 

Entendemos que el solo hecho de que los diferendos transcurran por los causes institucionalmente previstos ha de quitar dramaticidad a los enfrentamientos, permitiendo destacar aspectos no advertidos o posibilitar las aclaraciones o disculpas si estas fueren pertinentes.

 

La justicia penal no es una suerte de Tribunal de Cuentas que debe investigar la ejemplaridad de la actuación municipal. Su competencia institucional se limita puntualmente a la investigación de la comisión de delitos. Las cuestiones referidas a la gestión de los negocios públicos, de naturaleza esencialmente política, deben plantearse y resolverse dentro del ámbito político y a través de los diversos mecanismos institucionales vigentes. Las divergencias sobre cuestiones de oportunidad y conveniencia, sobre la forma y modo de encarar la solución de los distintos problemas que debe enfrentar a diario la administración pública, no se encuentran en ese ámbito. Por el contrario, el intento de recorrer las vías jurisdiccionales para resolver esos conflictos esencialmente políticos solo traerá mayor confusión y ofuscación en los protagonistas.

 

La ciudad requiere de quienes son sus representantes que estudien y resuelvan de modo eficiente los múltiples problemas que genera la convivencia en un núcleo urbano. No que sobreactúen mediante denuncias más o menos mediáticas que solo buscan magnificar el protagonismo de unos en perjuicio de la imagen pública de los otros. Esos torneos en nada se relacionan con los intereses comunitarios que ellos están llamados a tutelar.

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