La política del avestruz

La política del avestruz

Recientemente la prensa nacional recogió la noticia, estremecedora para mí, de que Argentina era el mayor consumidor de drogas de Latinoamérica. Ingenuo de mí pensé que el tema generaría un hondo y prolongado debate tanto en los medios como entre el gobierno y los opositores. Ni lo uno ni lo otro. La cuestión desapareció hasta de los últimos rincones de la prensa escrita, radial o televisiva como si se tratase de una miscelánea y no de una gravísima cuestión que nos atañe a todos.

 

Durante mucho tiempo nos engañamos, tranquilizándonos con el convencimiento de que Argentina era sólo un país de paso, que el consumo “grosso” estaba en Europa o EEUU, que  quienes aquí consumían eran unos pocos “marginales” o sectores de clase ABC1, que el problema del paso de la “merca”  era el del viejo e irresuelto problema de la carencia de un sistema de radares que detectaran los vuelos que traen estos cargamentos, problema que nunca entendí porqué no se resuelve en un país que tiene un presupuesto anual de miles de millones de pesos.

 

Nadie desmintió la noticia ni se hizo cargo del problema. Lo cierto es que hoy por hoy cualquier ciudadano de a pie, aún los menos informados, saben que el consumo de drogas, por lo menos en determinados sectores  etáreos y sociales, es moneda corriente en nuestro país, a tal punto que los jóvenes –nuestros jóvenes- saben por el olor cuándo alguien está fumando un “porro”, o dónde, cuándo y a quién se debe recurrir para conseguir marihuana o cocaína u otra droga más o menos dura, y si no lo saben sí conocen a quién tienen que preguntar. Es más viven inmersos en una cultura popular en la que hasta algunas de las letras de las canciones que escuchan en los boliches y aún por televisión hacen la apología tanto del consumo de estupefacientes como de la vida marginal de los delincuentes.

 

No se advierte la existencia de una política de estado permanente y efectiva destinada a combatir este flagelo ni la existencia de una preocupación generalizada en nuestra clase política, de cuya gravedad no hay duda alguna dado que están en juego no sólo sus consecuencias nocivas para la salud del adicto y las  colaterales relativas su grupo familiar, sino también porque la introducción, distribución y comercialización al menudeo de la droga tiene como presupuesto una corrupción estructural de los organismos encargados de combatirla y la existencia de organizaciones criminales destinadas no sólo a cubrir las necesidades del tráfico sino a garantizar la impunidad de su integrantes. Además esas bandas no limitan su “objeto social” a la droga sino que operan, utilizando su estructura y sus recursos económicos, que son cuantiosos, en muchos otros espacios.

 

 Las respuestas que se dan tanto desde el Estado como desde los partidos políticos, cuando las hay, son insuficientes y espasmódicas. No existe ni siquiera un atisbo de una política de prevención mediante un programa educativo permanente destinado a los jóvenes para advertirles tanto de los peligros para su salud y sus proyectos de vida que genera el consumo de drogas, como un programa para padres para que puedan detectar las señales de que sus hijos están inmersos en esa problemática.

 

A la inexistencia de un programa nacional para desmantelar el tráfico de drogas acorde con la magnitud del problema, de un programa sustentado en una decidida voluntad política de atacar de raíz este flagelo, con la asignación de recursos económicos, humanos y tecnológicos superiores a los que cuentan las organizaciones que operan en esta actividad, se le debe sumar la inexistencia de redes sanitarias y sociales de contención de los adictos y de sus familiares. Todavía estamos discutiendo sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal obviando la cuestión esencial que, para mí, no es otra que el drogadicto es un enfermo y que como tal debe tratarse, como que el tratamiento, como parte del derecho primario a la salud, debe ser sustentado por el Estado, que debe proveer oportunamente los medios suficientes y eficaces para su rehabilitación.

 

No se trata de atribuir responsabilidades a las fuerzas policiales por ineficacia en esta área, por cuanto parece ser evidente la insuficiencia de medios económicos, humanos y tecnológicos que se ponen a su disposición. Para muestra basta un botón. La pomposamente denominada “División de Drogas Peligrosas” a la UR6 cuenta para cubrir los departamentos San Justo y Río I, sólo con 4 hombres, que deben atender tanto las tareas administrativas como las de inteligencia y operativas. Esto equivale a intentar cubrir el sol con una mano. Es imposible con esos medios realizar las tareas de inteligencia necesaria para descubrir y desbaratar las organizaciones delictivas que operan en este campo. Con esos medios el resultado inevitable es que sólo caigan en las redes policiales los “perejiles”.

 

Hay responsabilidades tanto entre quienes ocupan las funciones de gobierno como quienes tienen la responsabilidad de ser la oposición. Ni aquellos hacen lo que tienen que hacer ni éstos denuncian tales falencias y menos proponen políticas alternativas. Todos actúan como si el problema no existiera. No hablo, no me doy por enterado, ergo el problema no existe.    

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