¿Una política exterior “errática” o “pragmática”?

¿Una política exterior “errática” o “pragmática”?

En estas últimas semanas ha vuelto a resurgir el debate acerca del rumbo que actualmente está tomando nuestra política exterior. Un ejercicio intelectual que, en el marco de un Estado democrático y la ejecución de una política pública, no debería nunca faltar: su sometimiento al escrutinio y control de la sociedad cuyos intereses representa.

Así, hemos oído hablar de una política exterior “errática”, “pendular”, “improvisada”, “contradictoria”. Todos calificativos qué, en algunos casos, no dejan de contar con cierta base empírica como respaldo.

Concretamente, estas apreciaciones y/o valoraciones volvieron a tomar impulso después de algunas definiciones contundentes por parte del gobierno argentino en lo que respecta a su relación con el mundo.

La última de ellas tuvo lugar la semana pasada, cuando la Argentina optó por abstenerse en la resolución de la OEA sobre la situación en Nicaragua, cuyo propósito era condenar el arresto de dirigentes opositores por parte del gobierno sandinista. Pero anteriormente también habían sido objeto de controversia su postura frente a la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y frente a la última escalada de violencia entre Hamás e Israel.

No obstante, dada la proximidad de los hechos ocurridos en Nicaragua, detengámonos particularmente en el posicionamiento de Argentina frente a ellos.

Si nos atenemos al comunicado oficial de Cancillería, lo que sobresale como justificación es la adhesión al principio de “no intervención en asuntos internos”, es decir, la no injerencia en los asuntos que dependen de la competencia de otro Estado.

Este argumento tiene bastante lógica si tenemos en cuenta que este gobierno ha vuelto a revalorizar este principio en el plano internacional. Además, es coherente con la impronta juridicista que esta administración procura imprimirle a la política exterior, un recurso recurrente en la historia de nuestro país.

Sin embargo, lo que yace detrás de esta decisión (como sucede en la mayoría de los casos) es una cuestión política, y tiene que ver con la pérdida de confianza en la legitimidad de la OEA – y particularmente en la de su secretario general, Luis Almagro – para dirimir en este tipo de conflictos, dada la parcialidad y sesgo ideológico con el que el organismo – bajo su representación – actuó durante los últimos años.

Particularmente, está muy fresco el recuerdo del rol dispar que la OEA de Almagro jugó en la crisis de Bolivia en 2019 y en la de Colombia recientemente: en el primer caso, interviniendo con vehemencia, despejando el camino y generando las condiciones propicias para la puesta en marcha de un golpe de Estado contra Evo Morales; en el segundo, reaccionando tardíamente y muy tibiamente a la brutal represión de las protestas sociales por parte del gobierno de Iván Duque.

Aun así, recordemos que Argentina se abstuvo, no es que votó en contra, lo que demuestra cierta coincidencia con sus socios regionales en el diagnóstico acerca de lo que sucede en Nicaragua.

De hecho, en el comunicado oficial se pone de manifiesto “la preocupación, tanto de Argentina como de México, de los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua”, debido principalmente a la “detención de figuras políticas de la oposición”.

Incluso, el lunes, el gobierno argentino llamó a consultas a su embajador en Nicaragua para que rinda cuentas sobre “las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense”, y al día siguiente, reiteró en Naciones Unidas su preocupación por las detenciones y la situación de los Derechos Humanos, acompañando la iniciativa para que la Oficina de DDHH de este organismo ingrese en el país.

En rigor, donde existen discrepancias o diferencias es en lo que respecta a las metodologías o medios con los cuales se intenta presionar o forzar una salida a la crisis política, poniendo en tela de juicio la intencionalidad que existe detrás de tales alternativas.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dicho y volviendo al inicio, lo que uno se pregunta es: ¿hasta qué punto estamos frente a una política exterior errática, ideologizada y contradictoria, y hasta qué punto no se trata de la puesta en marcha de una política exterior pragmática que intenta mantener el equilibrio en un contexto internacional sumamente complejo?

Para cerrar, y a propósito de estos posicionamientos, no quisiera dejar de mencionar y destacar la importancia de llevar adelante una política exterior con rasgos “autonomistas”: en un sistema internacional notoriamente desigual en términos de poder, cualquier país que se encuentre en una posición de desventaja o debilidad, debe procurar – dada cierta “permisividad internacional” y sin poner en riesgo los intereses vitales de la potencia – aumentar sus márgenes de maniobra internacional con el fin de alcanzar su propio desarrollo y satisfacer sus propios intereses nacionales.

De forma contraria, aquella política exterior que sólo apueste a un alineamiento automático con la potencia mundial, sólo va a perpetuar su posición original de debilidad e inferioridad.

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