¿Qué implicancias jurídicas tendría una posible colaboración del Estado argentino con el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019?

¿Qué implicancias jurídicas tendría una posible colaboración del Estado argentino con el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019?

Hace una semana, cuando América Latina todavía no salía del estupor por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el gobierno de Bolivia revelaría el mayor escándalo internacional en la región de los últimos años: el envío de material bélico por parte del gobierno de Mauricio Macri al gobierno de facto de Jeanine Áñez tres días después de haberse ejecutado el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

Concretamente, tomando como evidencia una carta en la cual el ex jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia le agradecía al ex embajador argentino en La Paz la colaboración prestada a esa institución armada y dejaba constancia de los pertrechos militares recibidos (municiones y armamento antimotines), el canciller boliviano, Rogelio Mayta, denunciaba a la administración Macri de coadyuvar a consolidar el golpe de Estado, enviando material bélico que sería utilizado por el gobierno de facto para reprimir las protestas que se sucederían tras el derrocamiento de Evo Morales.

En particular, se hacía alusión a las masacres de “Sacaba” y “Senkata”, ocurridas el 15 y 17 de noviembre respectivamente, donde murieron más de 30 personas.

Ahora bien, más allá de que recién comienzan las investigaciones, mucho se ha hablado de las razones y connotaciones políticas que podría haber detrás de una posible participación y/o colaboración de la administración Macri con el golpe de Estado en Bolivia. ¿Pero que implicancias y/o significado tendría en materia de Derecho Internacional si se confirmara esta acusación?

Para empezar, estaríamos frente a lo que se denomina un “hecho internacionalmente ilícito”, porque se habría colaborado con un gobierno de facto para atentar contra los derechos de un pueblo, en una clara violación de las normas de Derecho Internacional.

Y como establece el artículo 1 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), todo acto ilícito internacional genera “responsabilidad internacional” para el Estado que lo ejecuta. Por lo tanto, en dicho caso, el Estado argentino podría ser pasible de atribución de una responsabilidad internacional por su involucramiento.

Y hablamos de “Estado” – y no del gobierno de turno – porque en el supuesto de confirmarse, el responsable sería el Estado argentino, por el principio de “continuidad jurídica del Estado”. Lo que significa que, en caso de haber una condena u obligación de reparación, el Estado argentino es el que debe pagar o responder.

Se podría alegar como causa de exoneración o exclusión de la ilicitud el “consentimiento” (art. 20 del proyecto de la CDI) prestado por el Estado de Bolivia al Estado argentino en ese momento. Pero en este caso no sería factible porque no sólo se trataría de un consentimiento dado por un gobierno no constitucionalmente legítimo, sino que también el mismo habría servido para llevar adelante acciones que violan obligaciones de “ius cogens” (normas imperativas de derecho internacional general): la represión de un pueblo, en la que se cometieron graves violaciones de los DD.HH. y/o crímenes de lesa humanidad.

Además, ningún acuerdo entre Estados puede estar por encima de este tipo de obligaciones.

Pero como si esto fuera poco, dicho acto violaría uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, “el principio de no intervención”, porque el gobierno argentino habría intervenido en los asuntos internos de otro Estado para apoyar a una de las partes en disputa.

En rigor, estaríamos frente a lo que se tipifica como una “intervención asistencia”, dado que el Estado argentino habría “asistido” materialmente al Estado boliviano.

En sí misma, una intervención asistencia no es ilícita cuando ella es sometida a la aceptación del Estado o solicitada por el mismo. Pero debe cumplir con al menos dos condiciones: que la aceptación o solicitud de asistencia provenga de un gobierno legal, y que la misma no sea una acción contraria al Derecho Internacional.

Ninguna de ellas estaría presente en este caso: si bien la asistencia habría sido solicitada por el Estado boliviano, no habría sido realizada por un gobierno legalmente constituido y mucho menos habría sido realizada respetando las normas del Derecho Internacional, ya que habría sido aprovechada para incurrir en graves violaciones de los Derechos Humanos, reprimiendo a un pueblo decidido a defender el orden institucional de su país.

A su vez, también estaríamos bajo lo que se considera una “intervención armada” o “agresión indirecta”, porque se trataría de un envío de armas y/o consejeros militares con el objeto de apoyar actividades armadas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen político del Estado en cuestión. Una acción que sin dudas también iría en contra del Derecho Internacional.

En suma, si bien políticamente se baraja la posibilidad de que estemos frente a una reedición del Plan Cóndor, no deberíamos soslayar las implicancias jurídicas que podría tener una situación que, en caso de confirmarse, sería de una gravedad institucional e internacional incalculable.

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