La Constitución de la provincia de Córdoba y los derechos humanos

La Constitución de la provincia de Córdoba y los derechos humanos

En el año 1987 se sancionó la Constitución de la Provincia de Córdoba que es un modelo en su género, que se anticipó a muchas de las reformas de la Constitución Nacional de 1994 y que, lamentablemente, casi nadie conoce. 

En lo que toca al tema que hoy nos ocupamos la Constitución organiza nuestro estado provincial alrededor de principios que garantizan el respeto a la dignidad esencial del hombre. En el Preámbulo se establece como fin de la convención constituyente que aprobó la reforma y de la carta constitucional que sancionó exaltar la dignidad de la persona y garantizar el ejercicio de sus derechos, poniendo a la solidaridad en un mismo pie que la igualdad y la libertad, declarando que la economía está al servicio del hombre y de la justicia social y que el capital y la propiedad deben cumplir una función social (67º). 

Conforme la parte dogmática de la Constitución nuestra provincia se organiza como un estado social de derecho (1º), se declara que la convivencia social se funda en la solidaridad y la igualdad de oportunidades (7º) y que el objetivo del Estado es llegar a una sociedad justa y participativa (8º y 9º). Se establece que el Estado está obligado a llevar adelante políticas sociales activas destinadas a la consecución de ésos fines, reconociéndose el derecho de todos los cordobeses, sin excepción, a condiciones equitativas y dignas en el trabajo e imponiendo al Estado la obligación de proteger a la mujer, la niñez y a los discapacitados (24º, 25º y 27º). En ese orden de cosas a la actuación de las organizaciones intermedias se les impone como principal exigencia el cumplimiento de los deberes de la solidaridad social (35º) y a todos los ciudadanos de la provincia la obligación de actuar solidariamente (38º.12). A estos fines en el ámbito educativo se establece como objetivo la formación de una sociedad justa y solidaria (61º). 

Nuestra Constitución no se ha limitado a establecer un estado de derecho en el cual el Estado se somete obligatoriamente a la Constitución y a las leyes, sino que organiza un estado social de derecho el cual debe tender a la superación de las desigualdades sociales y en cuyo marco se les impone determinados deberes de conducta a los habitantes de la provincia. 

Se trata de verdaderas políticas de estado a las cuales no pueden ser ajenos ninguno de los partidos que actúan en el ámbito provincial. No se trata de políticas de gobierno partidarias o de coyuntura, sino de cursos de acción permanentes que surgen de una manera de concebir a la sociedad y a las relaciones entre los hombres. Se trata de un programa de acción política que obliga a todos, autoridades y gobernados, a actuar conforme principios solidarios. 

Estas políticas de estado establecen metas estratégicas que deben ser comunes a todos los partidos, tengan el rol de administradores del estado o el control de gestión desde la oposición, debiendo las decisiones que se adopten en cada área de gestión tender coordinada e invariablemente a ésos fines. Esta pauta de actuación solidaria no es exclusiva del Estado sino, como expresábamos, la Constitución la impone también a todos los habitantes para su aplicación aún en sus relaciones particulares. 

Decíamos al comienzo de este comentario que, en términos generales, podemos afirmar sin temor as equivocarnos que nuestro texto constitucional es casi desconocido, tanto por los responsables de la administración del Estado como por los administrados. Unos no lo tienen en mente cuando diseñan los cursos de acción a seguir y los otros omiten pedirle cuenta a los administradores por las omisiones y desvíos respecto de éstas políticas de estado que, reitero, no son optativas sino obligatorias. 

La insuficiencia de los recursos del Estado no es excusa para omitir orientar la actuación del mismo a la consecución de estos fines ya que, aún insuficientes, como notoriamente lo son, los recursos disponibles deben administrarse eficientemente a fin de lograr, cada día, acercarse a la meta propuesta. 

Creemos que es una obligación del Estado difundir los principios aludidos a fin de que tomemos clara conciencia de cuál es la sociedad que quiere nuestra carta fundamental y orientemos nuestras acciones, tanto públicas como privadas, a que se concreten esos fines. Si a través de la educación en todos sus niveles se logra que nuestra sociedad adopte en los hechos como pautas de comportamiento las fijadas por nuestra Constitución provincial habremos concretado una verdadera revolución cultural y sentado las bases de una sociedad diferente a la que hoy nos cobija.

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